Por: Ricardo Israel
Interamerican Institute for Democracy
En comparación a otros de la región, la criminalidad era más bien baja en Ecuador, pero con gran velocidad pasó de ser un país de tránsito de la droga a uno controlado por el narcotráfico y con el riesgo de ser destruido por la delincuencia organizada. Todo transcurrió en poco tiempo y es un aviso para aquellos que todavía no aceptan su realidad, y aunque viven procesos similares, se quejan, pero todavía no reaccionan.
El poder de la droga unido a la guerrilla más antigua del continente casi destruye a Colombia en los 80 y 90, pero felizmente, con respaldo militar de EE. UU. supo reaccionar en el gobierno de Uribe, que, sin embargo, ha sido llevado a tribunales. El problema se trasladó a México que ha pasado a ser el símbolo actual del poder destructor del narcotráfico.
En todas las regiones se encuentran similitudes. En el medio oriente es Hez bolá el que además del terrorismo, actúa como cartel en la distribución de la droga, también de la sintética. El negocio es tal que su producción aumentó y no disminuyó durante la ocupación de Afganistán por EE. UU., que tuvo que aceptar que el incremento en la exportación de opio y de cultivo de la amapola, era la condición para tener una mejor relación con los “Señores de la Guerra”, en las dos décadas que sus tropas allí permanecieron.
Lo particular de América Latina es la forma en que el narcotráfico fue el vehículo para que la delincuencia organizada se tomara varios gobiernos de la región, y como son a la vez de origen transnacional, un fenómeno que aumenta en vez de disminuir es el de los Estados mafiosos, que como el venezolano operan más con los códigos del Padrino que de Maquiavelo.
Es un fenómeno de hondas consecuencias, tanto para la vida en sociedad como para las instituciones democráticas, ya que genera una institucionalización de la corrupción, que con rapidez llega a la política y a los tribunales, además de transformarse en una principalísima actividad económica. De hecho, ha penetrado a tantos niveles que se usa el concepto de” crimilegalidad” para dar cuenta de cuán difícil es diferenciar el terreno legitimo del ilegitimo o del ilegal, tanto en actores públicos como privados, y ejemplo de ello son países como Honduras, cuyo expresidente Juan Orlando Hernández enfrenta un juicio en Nueva York en estos días, que ojalá ayude a entender cómo se construyó un narcoestado en Tegucigalpa.
Es el narcotráfico el que cambió las reglas del juego, no solo corriendo los límites de la violencia, sino también por su creciente control territorial. Por ello, es tan notable la reacción que ha tenido lugar en Ecuador, tanto frente a la violencia como frente al propio crimen organizado.
La colonización del Estado por la narcopolítica fue facilitada por la década de Correa en el poder, como se hizo visible para todos con la presencia de las FARC en la frontera con Colombia, tal como se registró en la computadora de Reyes, un alto dirigente de la narcoguerrilla. Con el paso de los años, el poder corruptor del narcotráfico se enquistó en las principales instituciones del país. Su control de las cárceles se hizo visible en febrero del 2021 con el sangriento enfrentamiento que dejó 79 reclusos asesinados entre bandas rivales, aunque la escalada de violencia no se detuvo allí, uniéndose el dominio territorial del narco con la debilidad del Estado. Fue lo que denunció Fernando Villavicencio y por lo que fue asesinado el 9 de agosto de 2023.
El carácter transnacional adquiere un doble componente, por un lado, la vinculación de delincuencia local con los Carteles, en particular en el caso de Ecuador con los mexicanos de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Por el otro lado, está el aspecto político transnacional, ya que el castrochavismo le da una vinculación y dirección innegable desde La Habana a partir de los acuerdos de los 90 con el Cartel de Medellín. Desde entonces, crece la presencia de los carteles, no solo en el Ecuador de Correa, sino también en Venezuela con Chávez-Maduro y en Bolivia, a partir de Evo Morales, cuya afiliación principal no es étnica, sino como dirigente cocalero vitalicio.
No hay duda de que el castrochavismo ha hecho lo posible para instalar narcoestados en América Latina, además del daño mayúsculo que se genera al apropiarse de la etiqueta “socialista” para fines dictatoriales y delincuenciales, por lo que definitivamente se necesita separarlos.
Lo del “socialismo del siglo XXI” no es algo menor, ya que conduce a instancias casi automáticas de solidaridad por parte de grupos políticos legítimos que se identifican con esa ideología, no solo en América Latina sino también en Europa, por lo que se necesita que al crimen organizado se le quite, y para siempre, el rotulo político, para que solo aparezca el delictivo, sobre todo en esta situación que afecta a varios países.
Por todo ello, en Ecuador merece felicitaciones el gobierno recién asumido del presidente Daniel Noboa, quien reaccionó en forma inmediata, incorporando a las a las Fuerzas Armadas además de la policía. Al mismo tiempo, y paralelamente, reaccionó el país entero, medios de comunicación y sociedad civil que con rara unanimidad concordaron en la gravedad de lo que estaba ocurriendo y que la violencia delincuencial debía ser derrotada, ya que, de otra manera, el propio sistema democrático estaba en peligro.
Probablemente, el antes y el después fue visible para todos por las imágenes que recorrieron el mundo, de delincuentes asaltando un canal de televisión y transmitiendo su violenta toma en directo.
Fue generalizado el apoyo que se encontró en toda la clase política, ya que la mayoría de las fuerzas partidistas, con prontitud avisaron que se garantizaban indultos y amnistías para los uniformados que estaban confrontando la escalada violentista. Sin embargo, aquí es necesario introducir una precaución, ya que por la propia experiencia en derechos humanos de varios países, los tratados ya firmados por Ecuador podrían generar una situación donde, ya sea tribunales nacionales o probablemente internacionales van a concluir que de acuerdo a esa normativa, si se estima que la represión de los agentes estatales fue excesiva, pueden terminar procesados tanto ellos como quienes dieron las ordenes, por estimarse que son delitos, que además no prescriben, y hasta presunciones pueden utilizarse para condenarlos. Es decir, es posible que no puedan cumplir el objetivo anunciado.
Es un hecho, y, por lo tanto, en la redacción de decretos y leyes debe quedar en claro el objetivo y su fundamento jurídico, que no es otro, que la defensa de la democracia, que tiene su propia protección en distintos instrumentos jurídicos, incluyendo la Carta Democrática del 2001.
En lo que a delincuencia organizada se refiere la situación entre Ecuador y Chile es distinta, pero la reacción ecuatoriana a la violencia fue llamativa y aplaudible en comparación a Chile donde fue muy diferente, tanto por los gobiernos como, sobre todo, por los presidentes. También lo fue a nivel de otras instituciones del Estado, como Congreso, jueces, fiscales y fuerzas armadas. Pero donde mayor diferencia se establece es en las respectivas sociedades civiles, donde la condena automática del Ecuador fue muy distinta a la reacción de amplios sectores que en Chile coquetearon con la violencia, hasta llegar al extremo que nada menos que en el Congreso chileno se aplaudió a un grupo de la primera línea violentista, que en las barricadas tuvo participación de extremistas, barras bravas y soldados del narcotráfico.
A diferencia de Ecuador, en esos días Chile descubrió que no era cierto lo del buen funcionamiento de las instituciones como también que la violencia encontró apoyo en los matinales de la TV y en mucho comediante, profesores como también actores y actrices. Y si tuvo esa visibilidad, es indudable que, en esos medios, propietarios, ejecutivos y directorios lo permitieron.
En otras palabras, en Chile hubo una especie de fascinación con la violencia, que en estos días no se ha hecho presente en la sociedad civil ecuatoriana. Aún más, en Chile se premió a los grupos políticos que estimularon lo que ocurrió, tanto que Gabriel Boric llegó a la presidencia. No solo eso, sino que a algunos de quienes participaron en los desmanes se les recompensó con pensiones de gracia e indultos, incluso en casos donde habían cometido delitos con anterioridad. También, lugares donde tuvo lugar esta violencia aguda se han convertido en lugares de peregrinación como la Estación Baquedano, y, además, dineros públicos del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes han financiado y patrocinado exposiciones “artísticas”, para así mantener vivo el relato insurreccional.
En Ecuador los hechos tuvieron lugar el 8 y 9 de enero de este 2024, y con rapidez, un decreto definió como “Conflicto armado interno” a los sucesos que estaban teniendo lugar. En Chile, la violencia extrema apareció en sus calles el 18 de octubre del 2019 y salvo Carabineros, al gobierno de Piñera le costó mucho reaccionar, siendo totalmente sobrepasado, quedando hasta hoy la duda de por qué no hizo uso de todas sus facultades legales y porque las Fuerzas Armadas no actuaron, y si fue por decisión del gobierno, de ellas, de ambos, o simplemente no se hicieron las adecuaciones legales para que los militares no fueran procesados por violación de derechos humanos, ya que es dudoso que los cuatro estados de excepción entonces existentes, les hubiesen permitido un despliegue como se requería, sin que se llegara a tribunales.
Aunque la situación de la delincuencia organizada es distinta, Chile vivió en esos días una violencia que superó lo que existió en Ecuador, ya que entre el 18 de octubre y el 31 de marzo del 2020, según cifras oficiales hubo 4.187 carabineros heridos, 514 ataques a cuarteles policiales, 119 vehículos de la policía atacados, 93 estaciones del metro vandalizadas, 25 quemadas, 417 supermercados saqueados, 28 buses (transporte público) quemados y 741 vandalizados. Además, una cantidad de chilenos siguen convencidos que los enemigos de la democracia no es el narcotráfico o la delincuencia, sino Carabineros. Algunos de ellos están en el gobierno, como se los recuerda la reaparición de tuits antiguos escritos en esos días del 2019.
En Chile, además, se mantiene esa idea de “excepcionalidad” que tanto daño ha hecho, es decir, que en Chile no pasarían algunas situaciones que ocurren en otras naciones de la región. Esta mentalidad arrogante ha reaparecido en declaraciones de la ministra portavoz, de la ministra del Interior y del ministro de Justicia, en el sentido que existe un total control de las prisiones, lo cual no es cierto, además que más que en cárceles, Chile tiene una zona grande del país donde existe una insurrección de baja intensidad, y el Estado ha sido superado, y desde hace tiempo, como es la macrozona sur, con el desafío territorial planteado por movimientos insurreccionales mapuches, como también por delitos de drogas y maderas, donde hay clara presencia de delincuencia organizada, más bien de tez blanca y con apellidos europeos.
La reacción ha sido tan saludable en Ecuador que bueno sería poner una palabra de precaución, en torno a las expectativas, a mi juicio, exageradas que han surgido. La primera es lo ya señalado, en el sentido que se va a necesitar mucho conocimiento jurídico para que leyes futuras de amnistía o decretos de indulto cumplan el objetivo propuesto y no sean superados por los tratados firmados por Ecuador e incorporados también a su constitución, ya que allí la responsabilidad de los agentes del estado es superior a lo que al parecer se ha entendido, y lo es desde el momento que hay toda una escuela de derechos humanos que a mí me parece equivocada, pero que tiene muchos seguidores, que postula que los derechos humanos son violentados preferentemente por agentes del estado, ya que para los otros casos existe el derecho penal. Yo discrepo profundamente, ya que la propia idea de derechos humanos habla de que se aplican a todos (y la propia Declaración de 1948 también reconoce los “deberes”), pero insisto que, a diferencia de mi opinión, en general, en las Cortes y en las ONG predomina la otra idea.
En segundo lugar, hay que también moderar el entusiasmo en otro aspecto, toda vez que la militarización de la lucha contra las drogas tiene tantos éxitos como fracasos, o quizás estos son aún más numerosos, ya que las fuerzas armadas, en general, no son buenas en escenarios no militares, donde incluso hay mayor eficiencia de la policía como también de políticas públicas que cuentan con un alto componente educacional y social. Además, tal como ha ocurrido en México, contribuye a la corrupción de las propias instituciones armadas.
Pero por, sobre todo, la mayor cautela hay que ponerla en cifrar expectativas que no son realistas, en el sentido que el apoyo de Estados Unidos, seria “la” solución, cuando, por el contrario, mejores resultados se van a dar, si no se le ve como el “único” camino, o si solo se le ve como una de las colaboraciones, dentro de un grupo y junto a otras.
Por cierto, dada su experiencia y recursos es innegable que puede colaborar y mucho, sobre todo, en estrategias policiales, inteligencia, colaboración en llevar a la cárcel a los delincuentes, apoyo económico, capacitaciones de fiscales y policías, restablecimiento de la base que Correa clausuró, y similares, es decir, un apoyo incremental que mejora lo existente, pero no confiar en ese apoyo como la única herramienta de triunfo, ya que Ecuador ha demostrado tener lo más importante, la unidad nacional frente al flagelo y la voluntad de combatirlo.
- UU. tiene por cierto experiencia, recursos e institucionalidad policial, judicial y en prisiones, pero en general aconseja lo contrario a lo que existe y hace en su propio territorio. La militarización no ha ayudado a disminuir el consumo o a derrotar a los carteles, y como se ve hoy en la frontera sur, el propio EE. UU. ha sido desbordado, ya que su política inmigratoria ha fracasado de tal forma, que son los carteles mexicanos los que controlan esa frontera, tanto para efectos de inmigración ilegal como de ingreso de la droga, incluyendo sintéticas como el fentanilo, hoy, la más destructiva.
Ese fracaso ha conducido a que los carteles cometan muchísimos abusos con niños y mujeres, incluyendo violencia sexual y trata de personas. Esta situación repercute en el propio México ya que la demanda del mercado estadounidense hace aumentar la corrupción como también desde EE. UU. se venden las armas que le dan a los carteles un poder de fuego a veces superior a las fuerzas policiales.
En el fondo, México sustituyó a Colombia, y el narcotráfico se ha instalado en esa frontera sur, y si de carteles hablamos, es oportuno recordar que el interés de los mexicanos en Ecuador partió por el aporte que podría hacer el puerto de Guayaquil para el traslado y viaje de la droga.
Aún más, el verdadero poder de la droga en EE. UU. se puede ver en que todavía no conocemos al o la estadounidense que cumpla el rol de un Pablo Escobar o un Chapo Guzmán, ya que esos carteles pueden poner la droga en la frontera, pero es altamente improbable que en un negocio de esta magnitud ellos controlen la distribución a gran escala dentro de la potencia, y quizás el mayor poder de este capo de los capos es que nunca hemos conocido su nombre.
Ahora, ¿Qué se puede hacer? O ¿Cómo se puede ayudar a Ecuador? o ¿Cómo Ecuador se puede ayudar a si mismo?
Además de la ayuda internacional que ya fue ofrecida y/o solicitada por Ecuador y de la importantísima unidad nacional que hoy se exhibe, es fundamental que no exista ninguna impunidad. Eso es más realista que esperar improbable cambio de actitud a nivel de gobiernos y a nivel mundial. Lo mejor es partir por lo existente, que se resume en tres instrumentos.
El primero es la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional o Convención de Palermo que, aunque insuficiente, avanza por lo menos en enmarcar el fenómeno, ayudando a la jurisprudencia de los tribunales, partiendo por los de EE. UU. No se ha usado lo suficiente, pero podría ser de gran ayuda si se decidiera utilizar de mejor manera, contra las fachadas legales de los carteles.
El segundo instrumento es la Corte Penal Internacional, cuando además se violan los derechos humanos, como es el caso de Venezuela, Cuba o Nicaragua.
El tercero es la Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento de derecho internacional, incorporado de hecho a muchas de las constituciones de la región, y que debiera ser usado para quitarle el carácter y rotulo de legitimidad a gobiernos que solo usan la democracia como fachada de la delincuencia organizada.
Sobre todo, lo que hace falta es mayor audacia y solidaridad entre las democracias, las de la región, y también las del primer mundo donde existen los mercados de inversión y financieros que le interesan al crimen organizado, que es, y a no olvidarlo nunca, un negocio.
Aquí, al igual que en la lucha contra la impunidad el rol de Estados Unidos es insustituible, aquí en estos tres instrumentos que hoy existen si puede marcar la diferencia, y mucho mejor que con una asesoría. Aquí sí que tiene poder. Por ahora, en el mundo no parece que sea prioritario hacer algo espectacular, ya que parece faltar lo que a Ecuador le ha sobrado en estos días, voluntad, unidad y valentía.
https://www.intdemocratic.org/es/ecuador-y-chile-dos-actitudes-distintas-frente-a-la-violencia.html
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