Por Gabriela Moreno
PANAMPOST
El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, comuna que forma parte de la Región Metropolitana de Santiago indicó que lo sucedido en Ecuador representa "un viaje al futuro", si no se implementan medidas inmediatas como la creación de nueva "fuerza policial militarizada, con un alto poder de fuego e inteligencia sofisticada".
Los ataques de las bandas criminales en Ecuador pusieron en remojo las barbas de los países de la región. En Chile, ahora emerge la propuesta de construir una “Isla Cárcel”, para que no se repita “el mismo horror” de la nación andina que sufre un conflicto armado interno desde el 8 de enero, por el asedio de pandillas vinculadas al narcotráfico.
En esa dirección va el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Según El Mercurio, el edil de la comuna que forma parte de la Región Metropolitana de Santiago indicó que lo sucedido en Ecuador representa “un viaje al futuro”, si no se implementan medidas inmediatas como la creación de nueva “fuerza policial militarizada, con un alto poder de fuego e inteligencia sofisticada”. El funcionario también habló sobre la necesidad de construir una cárcel aislada de máxima seguridad en el desierto o en una isla de la Región de Aysén.
A su vez, Carter propone reforzar el control fronterizo, al recordar que se confirmó la detención en la comuna de Puente Alto de un ecuatoriano, de 27 años, quien ejercía como peluquero, mientras permanecía prófugo de la justicia de su país natal, luego de cometer un homicidio junto a Los Lobos de Ecuador.
La preocupación por más seguridad cobra sentido, no sólo por el conflicto armado en Ecuador, sino porque Chile se posicionó en el lugar número 86 a nivel mundial del Índice Global de crimen organizado que realizó la ONG Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), la cual funge como partner oficial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El país obtuvo 5,18 puntos de un máximo de 10, lo que significa un aumento de 0,58 puntos desde el 2021. A mayor puntuación, peor es el escenario de delincuencia. Además, en el caso de América Latina, Chile se posicionó en el octavo lugar de 12.
Además, cifras de incautaciones que maneja Aduanas reflejan el crecimiento del narcotráfico en Chile. Si bien en 2021 se incautaron 69000 pastillas de MDMA, en 2022 fue casi medio millón. A este panorama se le suma que cuatro mafias chinas, que se dieron a conocer como 14K, Shui Fong, Sun Yee On y la Bang de Fujian, actualmente están operando en Chile. Sus negocios abarcan desde cultivo de marihuana con un sofisticado sistema de granjas guiadas por el calendario asiático, tráfico de personas, extorsión, hasta el blanqueo de capitales en casinos.
UN SISTEMA EN CRISIS
Levantar una especie de “Alcatraz” en suelo austral aliviaría la crisis del sistema carcelario en Chile. Así lo señala la resolución 810 que se arobó en la Cámara de Diputados en junio de 2023. En el texto se solicita el análisis de la factibilidad de impulsar la construcción de nuevas cárceles y reacondicionamiento de las 83 existentes. Con ello se pretende reducir el hacinamiento y desmantelar a las bandas que operan al interior de los recintos. Hasta el momento, Gendarmería contabiliza 754 organizaciones.
Según el documento, de esa cantidad de recintos, 45 tiene una ocupación que exceden su capacidad. En concreto, la resolución revela que existen 19 unidades con 140 % de ocupación. Esto califica ampliamente como estado crítico. Las más afectadas son Taltal (265,6 %), Copiapó (220,7 %), Petorca (200 %) y Santiago Sur (203,8 %), siendo esta última, la más grande del país con 5468 reclusos, cuando su capacidad es para 2384.
El último reporte del ministerio de Justicia, emitido en el gobierno del presidente Gabriel Boric, reconoce que el sistema tiene capacidad para albergar a 41741 internos en régimen cerrado a lo largo del territorio. Sin embargo, hay 54678 personas privadas de libertad. Cada uno de los detenidos genera un gasto de casi un millón de pesos mensuales a Gendarmería.
Chile pasó de gastar 776000 pesos en cada recluso en 2018 a 983000 en 2022, esta última cifra equivale a 1081 dólares. Sin embargo, estos montos crecen en las cárceles semiabiertas, que cuentan con centros de educación y trabajo, donde el gasto es mayor. Allí asciende a 1,9 millones de pesos, que se traducen en, al menos, 2100 dólares por cada interno.
PROPUESTA SIN ESPERANZAS
Abrir una cárcel en una isla chilena es un plan con condiciones poco probables de éxito, considerando que la última licitación pública para la construcción de un penal fue en 2016. Para entonces, la empresa “Acciona Infraestructura S.A. Agencia Chile” presentó a la Dirección Regional de Arquitectura de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas una oferta por 96951 millones de pesos para levantar el centro penitenciario “La Laguna” de Talca. El monto superó el presupuesto oficial de 74994 millones de pesos, aunque hasta ahora la obra sigue sin inauguración.
La demora en los avances no es sorprendente, especialmente después de que el plan de modernización de los centros penitenciarios, por el cual el Estado pagó 3,8 millones de pesos a la empresa estadounidense Altegrity Risk International hace una década, cerrara incompleto.
Esta empresa, presidida por William J. Bratton, ex jefe de la policía en Nueva York y Los Ángeles, proporcionó un diagnóstico del sistema penitenciario, un plan para rediseñar la infraestructura carcelaria, sistemas operativos y programas formativos de Gendarmería, así como el diseño de cuatro prisiones planeadas durante el gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, solo se cumplió íntegramente con el primer eje, el segundo se desarrolló parcialmente y el tercero no se materializó, según un informe del Centro de Investigación Periodística de Chile (CIPER).
Según CIPER, “el Ministerio de Justicia no pudo cumplir con la meta de inaugurar las cuatro cárceles previstas”. Incluso, precisa que Altegrity Risk International determinó que “Gendarmería clasifica mal a los internos, asignándoles niveles de riesgo superiores a los reales, lo que genera el despilfarro de recursos públicos en la edificación de penales más caros”.
Director de Edición