Por George Chaya
INFOBAE
Sectores republicanos están alertando que la administración Biden busca instalar que nuevo texto para reflotar el pacto no necesita pasar nuevamente por el Congreso.
Las disputas en la carrera a las elecciones de medio tiempo que se celebraran en Noviembre próximo parecen profundizarse en la política estadounidense.
Un grupo de senadores republicanos especula con que la administración del presidente Joe Biden intente neutralizar que el Congreso lleve adelante una sesión para votar por el regreso al Acuerdo Nuclear firmado durante la presidencia de Barack Obama en 2015, que fue conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA por sus siglas en inglés). Dicho acuerdo, superó ese año el proceso de revisión efectuado por el Congreso. Sin embargo, sectores republicanos están alertando que la administración Biden evalúa argumentar que la presentación del nuevo texto para reflotar el acuerdo no necesita pasar nuevamente por el Congreso para ser votado y entrar en vigencia. Algunos comentaristas de la cadena CBS -aunque no lo han dicho de forma explicita- deslizaron el malestar republicano por declaraciones de representantes demócratas en el Congreso y alertaron esta semana que los senadores demócratas tienen la intención de imponer ese argumento para evitar una votación y bloquear una nueva revisión antes de las elecciones.
Según senadores republicanos, tal accionar sería anticonstitucional e incurriría en una clara violación del rol del Congreso en materia de supervisión de los actos jurídicos de importancia para la política y la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Por otra parte, la diplomacia y los equipos de negociadores estadounidenses, iraníes y europeos -representantes de la UE- han expresado que los diálogos y las conversaciones indirectas sobre el borrador final del nuevo acuerdo han llegado a su fin y que las partes se expresaron satisfechas en los últimos diálogos a pesar de mínimas diferencias. No obstante, al igual que el acuerdo de 2015, el nuevo acuerdo impone restricciones temporales al programa nuclear iraní a cambio, según declararon negociadores europeos y estadounidenses, de favorecer a la República Islámica de Irán con un amplio paquete de flexibilidades y descongelamiento de activos producto de las sanciones impuestas en el pasado. Las conversaciones parecieran estar a punto de concluir favorablemente en pocos días y la administración Biden se encuentra enfocada en perfeccionar y firmar el nuevo acuerdo, aunque no ha podido clarificar las dudas planteadas por los sectores republicanos en el Congreso estadounidense.
Los últimos comentarios del presidente dieron a entender que las negociaciones en Viena abrieron la puerta a un nuevo acuerdo y que las partes se comprometieron a cumplir con el JCPOA original suscripto en 2015. Las palabras de los negociadores de Biden generaron mayores interrogantes en los republicanos, quienes especulan que presidente está delineando una estrategia para bloquear y -eventualmente- evitar una sesión en el Congreso para llevar adelante un debate que revise el nuevo acuerdo para que esa revisión de lugar a una votación que lo avale como exige la Ley de Revisión del Acuerdo Nuclear de 2015 (INARA por sus siglas en inglés). Si ello no transita esos carriles constitucionales, los republicanos acusarían al bloque demócrata de incumplir lo prometido en mayo pasado por el Representante Especial del Departamento de Estado para Irán, Rob Malley, que se comprometió a presentar cualquier nuevo acuerdo para su revisión en el Congreso, tal como lo indica la Ley de Revisión (dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma de cualquier acuerdo en materia de asuntos nucleares). La Ley de Revisión establece aspectos procedimentales ineludibles para que los acuerdos queden perfeccionados por parte del Congreso y también la formalidad para votar su aprobación si se decide que se encuentra dentro del marco constitucional.
Varios legisladores han hecho un llamado de atención en materia de la Ley de Revisión alegando artimañas de la administración sobre dicha Ley promulgada por el Congreso en 2015, casi al mismo tiempo en que el JCPOA se encontraba en su etapa de negociación final durante la gestión del presidente Barack Obama. En ese momento, la administración mostró su inclinación a eludir al Congreso y no presentar el acuerdo como un “Tratado”; esa situación generó que varios legisladores de ambos partidos pidieran explicaciones sobre el grado y los niveles de compromiso de Estados Unidos en el acuerdo.
Al mismo tiempo y de forma mayoritaria dentro del Congreso junto a la mayoría de miembros de la Cámara, votaron de manera conjunta y favorable la aprobación de la Ley de Revisión dejando a resguardo la potestad de revisar ese y futuros acuerdos; definiendo la palabra acuerdo de forma “general y amplia” a efectos de neutralizar la intención de la administración Obama de eludir la revisión de los legisladores. Allí quedó explicitado que el presidente tiene la inexcusable obligación de informar sobre cualquier acuerdo con prescindencia de si éste es vinculante desde lo jurídico o solamente un compromiso político.
Los términos del nuevo acuerdo aún no se han dado a conocer públicamente por parte de la administración. Sin embargo, hasta donde se informó, incluye cambios sustanciales al JCPOA original. En consecuencia, considerando que el sucesor de Barack Obama, el también ex-presidente Donald Trump, se retiró del JCPOA hace más de 4 años, los republicanos han declarado que el acuerdo no podrá volver al 2015 en la forma y el marco en que había sido conformado sin considerar la decisión de la administración Trump y las razones por las que el entonces jefe de la Casa Blanca dejó sin efecto aquel acuerdo original.
El reclamo republicano indica que desde donde se lo evalúe -formal o jurídicamente- un regreso al acuerdo original o uno nuevo con modificaciones, equivale inexorablemente a que debe ser debatido bajo la Ley de Revisión del Congreso para acuerdos y tratados en materia nuclear. Por otra parte, durante el proceso de revisión y antes de que haya sido votado positivamente por el Congreso, la administración Biden tiene prohibido llevar adelante acciones en el marco de ese acuerdo; lo que equivale a decir que el presidente estaría imposibilitado de levantar sanciones o llevar adelante cualquier otra medida relacionada. De tal manera, no le estaría permitido descongelar activos de una de las partes involucradas en el nuevo acuerdo, lo cual impide a la administración ofrecer ningún beneficio pactado de manera inmediata y hasta tanto el nuevo acuerdo sea revisado y aprobado por el Congreso. Los republicanos sostienen que esa es la razón por la que la administración demócrata pretende quitar entidad a la elevación del acuerdo a los congresistas para eludir la Ley de Revisión. Las semanas que restan para las elecciones de medio tiempo han exacerbado esa disputa del liderazgo republicano con el presidente y el debate se ha instalado en amplios sectores de la ciudadania.
No obstante, la idea de la administración es alcanzar un acuerdo rápido y positivo para las partes, de allí la denuncia de legisladores republicanos que acusan a Biden de querer hacerlo sin la revisión por parte del Congreso e insisten en que iniciaran una demanda al presidente alegando que los miembros del Congreso tienen la suficiente potestad y capacidad legal para ir contra el poder ejecutivo cuando la Nación haya sufrido o esté en peligro de padecer un daño irreparable en sus instituciones, lo cual daría lugar a la anulación de cualquier acuerdo que no observe el normal procedimiento de la Ley de Revisión de parte de la Cámara y el Senado estadounidense.
El problema es que en la medida que los miembros del Congreso interpongan una demanda al presidente Biden y soliciten medidas cautelares, seguramente retrasarían y bloquearían cualquier acuerdo alcanzado, lo cual aumentaría el peligro hacia un escenario bélico que Estados Unidos no quiere ni desea en Oriente Medio.
Los republicanos sostienen que su denuncia mostrará a la ciudadanía las innumerables deficiencias del JCPOA original firmado por el ex presidente Obama y que además se pondrían de manifiesto las disposiciones del nuevo acuerdo que la administración Biden no desea hacer públicas, algo que ha sido denunciado por unos pocos medios de prensa en Washington. Otra controversia que plantean los republicanos en plena carrera a las elecciones de medio tiempo es que sucederá si los diálogos y las promesas realizadas por la administración Biden se incumplen.
De ocurrir un incumplimiento por la parte estadounidense se estaría enviando un mensaje extremadamente negativo a la comunidad internacional que pondría en peligro el acuerdo actual y cualquier otro acuerdo en una futura administración republicana que pudiera emerger de las próximas elecciones presidenciales de 2024, lo cual allanaría el camino a un escenario en el que los próximos gobiernos deban adoptar un enfoque más dureza no solo en lo militar, también en lo empresarial ya que los inversores se alejan de las crísis diplomáticas que puedan derivar en posibles conflictos armados. De allí que si la administración Biden realmente quiere alcanzar un acuerdo genuino y favorable a todas las partes, debería hacerlo en observancia con las leyes y las instituciones estadounidenses y no a través de artilugios confrontando o eludiendo al Congreso y la legalidad.
Director de Edición