Por George Chaya
Infobae
El regreso de personas que combatieron en Siria e Irak coincide con el avance de la venta y el consumo de nuevas y peligrosas sustancias, especialmente el Captagon y las anfetaminas.
Durante febrero de 2018, dos informes publicados por la agencia británica BBC dieron a conocer documentos filtrados de varias agencias policiales y de seguridad europeas. Los informes de las autoridades francesas fueron alarmantes. La policía de Bélgica advirtió de niveles superiores al 70% en el crecimiento de la comercialización y el consumo de drogas sintéticas. El Reino Unido informó en ese momento de varios operativos donde se secuestraron drogas utilizadas en Oriente Medio, más precisamente “Captagon”, conocida por ser las pastillas que consumen los combatientes del ISIS (Estado Islámico por sus siglas en inglés).
Desde 2019, las autoridades aduaneras italianas y españolas indicaron que millones de pastillas de la misma droga fueron incautadas a inmigrantes ilegales que intentaron ingresar por las aguas del Mar Mediterráneo, superando incluso los niveles históricos del tráfico y el contrabando del popular Hachís que ingresa desde Marruecos.
El problema fue acrecentándose en la zona Schengen sin que las autoridades de la Unión Europea (UE) puedan establecer a qué se debía el constante crecimiento de la nueva droga que -para ese momento- disputaba el mercado de las anfetaminas. Un informe de la policía holandesa calificó sorprendentemente a Holanda como “de camino a un narco-estado” dada la magnitud del ingreso de Captagon a su mercado.
Informes de las autoridades de los Países Bajos indican que desde 2020, debido al impacto de la Pandemia generada por el Covid-19, el crimen organizado se ha ampliado en gran forma penetrando la economía legal impulsada por redes integradas por ex-combatientes europeos del ISIS que regresaron al viejo continente. Sin embargo, aunque el documento de la policía holandesa fue una sorpresa sumamente negativa para los Países Bajos, dio lugar a una fuerte descalificación y negación en amplios sectores sociales y hasta en el parlamento holandés.
El reino siempre ha sentido orgullo y se considera un país de avanzada en materia de su posición sobre la tolerancia a las drogas, en consecuencia, los holandeses se consideran con cierta superioridad moral desde esa posición sobre el resto de los países europeos, y lo cierto es que varios países del viejo continente consideran a Holanda un buen ejemplo para el resto del mundo.
El problema actual es que las redes que están detrás de la comercialización y distribución -según registros de las agencias de inteligencia europeas- se integran por elementos que han retornado de combatir en favor del islamismo yihadista en la guerra civil siria y están operando como “cabeza de playa” en los países de la UE para introducir masivamente millones de pastillas de Captagon con el objetivo de financiar la organización terrorista salafista que, aún debilitada, pretende retomar un rol activo tanto en Siria como en Irak y en el nuevo escenario donde se ha hecho fuerte actualmente: Libia. La gravedad del caso es que a pesar del rechazo y el descrédito de parlamentarios y ciudadanos sobre la inteligencia recabada por la policía y las agencias de seguridad de los Países Bajos, el informe está en lo cierto y es correcto.
Sin embargo, los holandeses se sienten ofendidos de que su país esté considerado como un país ubicado a las puertas de un estado-narco ya que muchos creen que un narco-estado es un estado fallido en lo político-económico y socialmente disfuncional bajo todo concepto donde bandas terroristas y delincuentes armados con fusiles AK47 circulan en camionetas por aldeas y ciudades como Kabul, en Afganistán o Sirte en Libia. Pero el caso es que no siempre las manifestaciones violentas, el terror y los crímenes callejeros son una característica definitoria de un narco-estado.
En Europa las redes violentas son manejadas en muchos casos por organizaciones del narcotráfico y del tráfico de armas como lo ha señalado el último informe de EUROPOL del 2020, que menciona, incluso con nombre y lugares, varios de esos centros como Kosovo, Bulgaria o Marsella en Francia, donde operan la mayoría de los grupos criminales que manejan el tráfico de estupefacientes como actividad directamente relacionada a la financiación del terror en Oriente Medio a través del lavado de activos derivados a organizaciones yihadistas violentas que operan en zonas de conflicto en el mundo árabe-islámico .
En consecuencia, ni Holanda ni otros países de Europa deberían sentirse menoscabados por ser señalados por agencias de seguridad de UE, e incluso por sus propias fuerzas de seguridad y policiales. Lo cierto es que el avance de una economía paralela en materia de estupefacientes y los niveles de corrupción, impunidad e infiltración han crecido en los Países Bajos como en otros países europeos y ofrecen el escenario apto para dar lugar a los principios básicos de lo que se puede calificar como narco-estado. Por tanto, el informe de la propia policía holandesa no deberia ofender a sus parlamentarios, más aún cuando está en lo cierto en el caso de Holanda (como en el escenario que se observa en Marsella, donde incluso los informes de la prensa hablan de un estado paralelo dentro de la propia Francia) y nadie deberia sentirse fastidiado por eso. Contrario a ello, las instituciones deberían facilitar a sus agencias policiales y de seguridad el marco adecuado para la lucha contra el flagelo, tal y como ha sugerido el Informe de EUROPOL 2020 y las publicaciones de la BBC en su momento.
Es correcto señalar que por años las autoridades holandesas han adoptado una posición de tolerancia hacia las drogas, han permitido y legalizado las ventas de pequeñas cantidades de marihuana y hachís de hasta 25 gramos para consumo personal que luego se amplio a 40 gramos. Así, esos sistemas se enfocaron en despenalizar el consumo de las drogas denominadas “blandas”, pero esa conducta estatal -que pudo ser adecuada en su momento- acabo siendo una política díscola y negativa con la que no se fiscalizo la producción ilegal y el tráfico de organizaciones criminales de forma adecuada. La producción siguió siendo ilegal y ese fue el error irreparable que dio lugar a que en este momento Holanda, Kosovo y Marsella en Francia se conviertan en el “Club Mediterrane” de los narcotraficantes franceses, alemanes, belgas y de otros varios países europeos.
En otras palabras, la dirigencia política holandesa y francesa en menor medida fallaron y permitieron que prosperara una economía paralela y clandestina de marihuana y hachís que gran parte de la política de salud de esos países escogió ignorar.
La realidad actual es mucho más peligrosa, hoy unos de 300 terroristas yihadistas de los 1100 que según las agencias de seguridad están bajo monitoreo desde su regreso a Europa -y poseen pasaportes comunitarios por ser nacidos en suelo europeo- están manejando el negocio de las drogas sintéticas como el Captagon, que es muchísimo más peligrosa que la marihuana o el hachís. Esos individuos han generado una economía paralela que se destina nada menos que a financiar al terror yihadista en Oriente Medio. En consecuencia, los europeos no deberían sentirse agraviados por los informes de sus propias agencias policiales y de seguridad ya que los están protegiendo dado que Europa tampoco estará exenta de ser atacada por esa ideología radical y supremacista como ya lo ha sido en el pasado reciente en varias oportunidades.
En ese marco es que hoy Holanda y Francia, pero mañana cualquier otro país de Europa no deberían ofenderse con las agencias supranacionales o con sus propios organismos de seguridad cuando los alertan. Mucho menos con la prensa por informarlo como lo ha hecho la BBC en su momento.
Director de Edición