San Juan, Puerto Rico a 8 de marzo de 2024

Por: Lcdo. Sergio Ramos

 

El discrimen y Las persecuciones por razones políticas y religiosas, las detenciones arbitrarias, torturas, y el presidio político es el sufrimiento constante para los pueblos de estos países.

Actualmente en la América Latina hay tres países que están gobernados por cruentas dictaduras de izquierda: Cuba, Nicaragua y Venezuela. La represión en estos regímenes ha sido repetidamente evidenciada por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y diversas organizaciones (ONG.) de Derechos Humanos, así como también en los Informes sobre Derecho Humanos para dichos países publicados por el Departamento de Estados de los Estados Unidos. (Country Reports on Human Rights). El discrimen y Las persecuciones por razones políticas y religiosas, las detenciones arbitrarias, torturas, y el presidio político es el sufrimiento constante para los pueblos de estos países.

Como consecuencia de la represión cientos de miles de ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Venezuela han escapado buscando refugio en otros países alrededor del mundo, pero principalmente en los Estados Unidos.

Se calcula que entre el 2022 y 2023 han entrado por la frontera a los Estados Unidos un total de 424,894 cubanos, 297,567 nicaragüenses y 524,434 venezolanos.

Son seres humanos que escapan de la opresión, sin embargo, una vez en Estados Unidos las políticas migratorias que se les aplican resultan preocupantes, pues en vez de garantizar el refugio estable y seguro, o quedan en estatus impreciso e inestable o son deportados a sus países, es decir, devueltos a la opresión quedando privados de la libertad y las garantías para el respeto de sus derechos humanos.

Así vemos que a los cubanos que entraron por la frontera solo a una minoría les dieron el ‘parole’ con el cual podrían al año y un día de su entrada, solicitar un ajuste de su estatus migratorio para adquirir una residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966, según enmendada. Sin embargo, a la gran mayoría de los cubanos se les otorga la llamada i-200-A que es una liberación bajo su responsabilidad (Order of Release on Recongnizance) la cual no da derecho a acogerse eventualmente a la Ley de Ajuste Cubano, ni otorga derecho para adquirir un permiso de trabajo para trabajar legalmente en los Estados Unidos. O sea, que la inmensa mayoría de los cubanos que han entrado por frontera están en un inseguro limbo migratorio, al tiempo que existen negociaciones sobre migración con el gobierno cubano para acordar que el régimen reciba devuelta a los cubanos deportados. También ha habido, con el mismo propósito, semejantes intentos de negociaciones con los regímenes de los dictadores Daniel Ortega y Nicolás Maduro.

En el caso de los nicaragüenses, nada se ha producido para garantizar que los nacionales de ese país que entraron por la frontera tengan un status de protección que garantice su refugio en los Estados Unidos. El ultimo Estatus Protección Temporal (Temporary Protected Status (TPS)) data la década de los noventa y se ha venido extendiendo desde esa fecha para quienes lo poseen; pero no se le ha otorgado a los que hayan entrado posteriormente y tengan una presencia física ininterrumpida en los Estados Unidos posterior al 30 de diciembre de 1998.

En cuanto a los venezolanos, la actual administración otorgó el TPS para aquellos nacionales de Venezuela que tengan una presencia física en territorio estadounidense con anterioridad a Octubre 3, del 2023. Sin embargo, la fuga de venezolanos ha continuado y continuará debido a la opresión de la dictadura de Nicolás Maduro contra el pueblo, luego dicho TPS debió haberse otorgado como un remedio que les garantice un refugio estable en los Estados Unidos a todos los que entren posterior a esa fecha, pues la dictadura de Maduro continúa reprimiendo y por ende el pueblo venezolano seguirá escapando de la opresión.

Si bien esta administración ha tomado la medida de otorgar la petición de ‘parole humanitario’ para los nacionales de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití (este último país porque padece de una seria crisis debido al caos político y social) como medio para desestimular la entrada ilegal a los Estados Unidos.

Pero la realidad es que el perseguido político o religioso que se ve en peligro solo tiene la opción de salir huyendo por donde primero se le abra la oportunidad, so pena de caer en las garras de los esbirros de la dictadura.

Los que llegan a los Estados Unidos pueden solicitar el asilo, bien por razones de persecución política, religiosa, por discrimen por sexo, raza o por ser parte de un grupo social perseguido. Sin embargo, lograr el miedo creíble o que le otorguen el asilo es cuestión de prueba, no de contar sus anécdotas e historias. La persecución sufrida hay que probarla, así como que el regresar a su país de origen conllevaría ser víctima de dicha persecución.

Una realidad que se convierte en barrera para los perseguidos que solicitan asilo, debido a que cuando una persona huye de un régimen dictatorial porque es perseguido, escapa por la primera vía que se le posibilita y con lo que tiene puesto. El que huye no puede volver atrás a buscar sus evidencias de persecución porque corre el riesgo de caer en las garras de sus represores, ni tampoco puede exponer a sus amigos y familiares que quedaron en su país para que les procuren las evidencias porque los exponen al riesgo de ser reprimidos por los esbirros de la dictadura. Y los testigos, si alguno tuvo, o están presos, o están escondidos en su tierra o han salido huyendo y están en algún desconocido lugar del planeta. Luego al requirente de asilo se le dificulta contar con evidencias y testigos para probar su caso, lo que lo expone a ser penalizado con una orden de deportación y terminar devuelto a los esbirros de la dictadura.

La realidad es que cuando un pueblo emigra masivamente, la raíz del problema no está en el país receptor de los migrantes, sino en el lugar donde se origina la migración masiva, sea esta por razón de pobreza extrema, guerras, hambre, represión, catástrofe natural, etc. Por cuanto es allí, en el lugar de origen, a donde hay que enfocar medidas, esfuerzos y recursos para mitigar y resolver el mal que aqueja.

Como también las naciones libres deben diferenciar lo que es la migración por causas económicas, de aquella que arriba al país buscando refugio por razón de persecución política o religiosa o por persecución étnica. Por tanto, acorde al derecho internacional, a los pueblos que escapan de la opresión de un tirano debe dársele refugio seguro y estable. Así lo establece la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su Artículo 14 inciso 1, que establece que:  “1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.”

Los Estados Unidos se ha caracterizado por ser una nación de inmigrantes. Es un país que se formó desde sus comienzos por perseguidos, como lo fueron los primeros migrantes cuando llegaron a Norteamérica: Los pelegrinos del Mayflower en 1620. Y a lo largo de su historia, ha acogido a los perseguidos que buscan libertad. Una gran estatua a la entrada del puerto de Nueva York resalta esa tradición y vocación. Esa es una tradición de justicia que jamás debe mancillarse.

Sin embargo, tristemente estamos observando en los últimos tiempos las deportaciones personas hacia países cuyos pueblos sufren una fuerte opresión por estar regidos por crueles tiranos. Ese es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por lo que devolver deportados a los cubanos, nicaragüenses y venezolanos constituye una cooperación con los represores que viola el artículo 14 inciso 1 de la Carta de Derechos Humanos de la ONU y una seria falta a la tradición de libertad de esta gran nación.

Se trata de políticas migratorias tomadas más por el pánico causado por la masiva entrada irregular a través de la frontera de más de un millón de personas, que por el espíritu de la razón y la justicia que deben siempre tenerse en cuenta para no cometer serias injusticias.

En el caso de los nacionales de esos tres países, Washington debe rectificar su política paralizando las deportaciones y concediendo un estatus legal de protección y refugio estable y seguro a todos los cubanos, nicaragüenses y venezolanos que han arribado o arriben a los Estados Unidos, al tiempo que endurezca las medidas y sanciones contra los regímenes dictatoriales que oprimen a dichos pueblos.