Por: Lcdo. Sergio Ramos
Las consistentes negativas del régimen castrista para otorgar los permisos debidamente solicitados por opositores en distintas ciudades del país para realizar una marcha de protesta pacífica, inicialmente pautada para el 20 de noviembre próximo y luego adelantada para el día 15 de ese mes, con el fin de exigir el respeto de los derechos humanos conculcados, demuestra el carácter institucional de la represión en Cuba.
Así vemos como en la carta denegatoria de la Administración de la Habana Vieja, el régimen se escuda en la irrevocabilidad del sistema socialista contemplado en el artículo 4 de la impuesta constitución castrista que establece que: “El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable” y en la última oración del artículo 56 que establece el derecho a manifestación, pero limitándolo a que siempre éste se ejerza de acuerdo al “acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”. Tal “acatamiento” de por sí, hace a dicha disposición una violatoria de los derechos humanos de los ciudadanos a expresarse y manifestarse públicamente para hacer sus reclamos o para cambiar las leyes y sistemas de su país, más aun, cuando ésta se relaciona con el concepto de irrevocabilidad del régimen social, económico y político imperante.
En la práctica, tal precepto constituye una coacción al derecho del pueblo a cambiar las leyes y sistemas de gobierno del país. Además de ser un anacrónico precepto al no reconocer el probado hecho de que con el cursar de los tiempos a lo largo de la historia de la humanidad, los sistemas sociales, políticos y económicos han evolucionado a medida que se desarrolla el pensamiento, la ciencia y la tecnología, provocando cambios en las costumbres y las leyes de los pueblos.
Pero lo más llamativo es que la dictadura ha definido a dichas convocatorias ciudadanas a las marchas de protesta pacíficas como un acto “ilegitimo” basándose en una constitución impuesta al pueblo desde la ilegitimidad que permea al régimen desde sus comienzos en 1959.
La actual constitución vigente en Cuba desde el 2019, al igual que las anteriores versiones constitucionales impuestas por el régimen castrista, carecieron de un libre debate en su redacción y en su aprobación, ya que solo participaron los miembros de una asamblea pre-existente compuesta exclusivamente por militantes de un único partido, el comunista, y en donde se excluyeron a todas las demás tendencias políticas, sociales y económicas del país. De hecho, la propia constitución castrista establece el exclusivismo discriminatorio de toda otra tendencia u opinión política diferente a la del régimen al disponer en su artículo 5 que: “El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista, y leninista, vanguardia organizada de la nación, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado.” De por sí, este artículo constituye una violación de los derechos humanos del pueblo cubano, ya que excluye del derecho a participar en la vida política y en el gobierno del país a todo aquel ciudadano que piense diferente a los preceptos del políticamente monopólico partido comunista.
Tal disposición contraviene la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la cual establece en su artículo 21 que:
“1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
- Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
- La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”
Las mal llamadas “consultas” o referéndums para aprobar la actual constitución vigente en Cuba, al igual que en todas las anteriores, estuvieron viciadas por la exclusión, la censura, la represión y la coacción contra todo aquel que expresase una posición distinta a la pregonada y pretendida por la dictadura.
En el procedimiento de promulgación de todas estas, así como en la vigente, se desconoció la soberanía del pueblo cubano que, en esencia, es la fuente del poder político y supone la ausencia de subordinación a ningún otro poder. Se trata del concepto “super omnia” del derecho romano. Esto implica que no hay otro poder soberano sobre el tenedor de la soberanía que es el pueblo integrado por todos y cada uno de los ciudadanos.
Luego el fundamento de la antedicha carta denegatoria del régimen es ilícito, pues se basa en una impuesta constitución que es ilegítima.
La legitimidad de los convocantes a las protestas pacíficas está asentada en las garantías a los Derechos Humanos de la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando en sus artículos 19 y 20 establece que:
“Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
“Artículo 20: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
- Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.”
Por cuanto, indiscutiblemente quien incurre en un acto de ilegalidad es el gobierno dictatorial castrista. Los convocantes y los participantes de las marchas de protesta pacíficas están ejerciendo sus derechos a tenor con la Carta de Derechos Humanos de la ONU, de la cual Cuba es signataria.
Y es que, en la realidad, en Cuba no hay un estado de derecho, sino una dictadura totalitaria que gobierna ilegítimamente a tenor con el capricho y la arbitrariedad de quienes usurpan el poder que le corresponde al pueblo. Al tiempo que los ciudadanos cubanos que se rebelan contra la opresión y claman por su libertad están ejerciendo legítimamente un derecho humano que el régimen pretende conculcarles.
O como nos planteara el Libertador Simón Bolívar: “Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho”.
Director de Edición