LCDO. SERGIO RAMOS

San Juan, Puerto Rico a 8 de marzo de 2024

Por: Lcdo. Sergio Ramos

El discrimen y Las persecuciones por razones políticas y religiosas, las detenciones arbitrarias, torturas, y el presidio político es el sufrimiento constante para los pueblos de estos países.

Actualmente en la América Latina hay tres países que están gobernados por cruentas dictaduras de izquierda: Cuba, Nicaragua y Venezuela. La represión en estos regímenes ha sido repetidamente evidenciada por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y diversas organizaciones (ONG.) de Derechos Humanos, así como también en los Informes sobre Derecho Humanos para dichos países publicados por el Departamento de Estados de los Estados Unidos. (Country Reports on Human Rights). El discrimen y Las persecuciones por razones políticas y religiosas, las detenciones arbitrarias, torturas, y el presidio político es el sufrimiento constante para los pueblos de estos países.

Como consecuencia de la represión cientos de miles de ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Venezuela han escapado buscando refugio en otros países alrededor del mundo, pero principalmente en los Estados Unidos.

Se calcula que entre el 2022 y 2023 han entrado por la frontera a los Estados Unidos un total de 424,894 cubanos, 297,567 nicaragüenses y 524,434 venezolanos.

Son seres humanos que escapan de la opresión, sin embargo, una vez en Estados Unidos las políticas migratorias que se les aplican resultan preocupantes, pues en vez de garantizar el refugio estable y seguro, o quedan en estatus impreciso e inestable o son deportados a sus países, es decir, devueltos a la opresión quedando privados de la libertad y las garantías para el respeto de sus derechos humanos.

Así vemos que a los cubanos que entraron por la frontera solo a una minoría les dieron el ‘parole’ con el cual podrían al año y un día de su entrada, solicitar un ajuste de su estatus migratorio para adquirir una residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966, según enmendada. Sin embargo, a la gran mayoría de los cubanos se les otorga la llamada i-200-A que es una liberación bajo su responsabilidad (Order of Release on Recongnizance) la cual no da derecho a acogerse eventualmente a la Ley de Ajuste Cubano, ni otorga derecho para adquirir un permiso de trabajo para trabajar legalmente en los Estados Unidos. O sea, que la inmensa mayoría de los cubanos que han entrado por frontera están en un inseguro limbo migratorio, al tiempo que existen negociaciones sobre migración con el gobierno cubano para acordar que el régimen reciba devuelta a los cubanos deportados. También ha habido, con el mismo propósito, semejantes intentos de negociaciones con los regímenes de los dictadores Daniel Ortega y Nicolás Maduro.

En el caso de los nicaragüenses, nada se ha producido para garantizar que los nacionales de ese país que entraron por la frontera tengan un status de protección que garantice su refugio en los Estados Unidos. El ultimo Estatus Protección Temporal (Temporary Protected Status (TPS)) data la década de los noventa y se ha venido extendiendo desde esa fecha para quienes lo poseen; pero no se le ha otorgado a los que hayan entrado posteriormente y tengan una presencia física ininterrumpida en los Estados Unidos posterior al 30 de diciembre de 1998.

En cuanto a los venezolanos, la actual administración otorgó el TPS para aquellos nacionales de Venezuela que tengan una presencia física en territorio estadounidense con anterioridad a Octubre 3, del 2023. Sin embargo, la fuga de venezolanos ha continuado y continuará debido a la opresión de la dictadura de Nicolás Maduro contra el pueblo, luego dicho TPS debió haberse otorgado como un remedio que les garantice un refugio estable en los Estados Unidos a todos los que entren posterior a esa fecha, pues la dictadura de Maduro continúa reprimiendo y por ende el pueblo venezolano seguirá escapando de la opresión.

Si bien esta administración ha tomado la medida de otorgar la petición de ‘parole humanitario’ para los nacionales de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití (este último país porque padece de una seria crisis debido al caos político y social) como medio para desestimular la entrada ilegal a los Estados Unidos.

Pero la realidad es que el perseguido político o religioso que se ve en peligro solo tiene la opción de salir huyendo por donde primero se le abra la oportunidad, so pena de caer en las garras de los esbirros de la dictadura.

Los que llegan a los Estados Unidos pueden solicitar el asilo, bien por razones de persecución política, religiosa, por discrimen por sexo, raza o por ser parte de un grupo social perseguido. Sin embargo, lograr el miedo creíble o que le otorguen el asilo es cuestión de prueba, no de contar sus anécdotas e historias. La persecución sufrida hay que probarla, así como que el regresar a su país de origen conllevaría ser víctima de dicha persecución.

Una realidad que se convierte en barrera para los perseguidos que solicitan asilo, debido a que cuando una persona huye de un régimen dictatorial porque es perseguido, escapa por la primera vía que se le posibilita y con lo que tiene puesto. El que huye no puede volver atrás a buscar sus evidencias de persecución porque corre el riesgo de caer en las garras de sus represores, ni tampoco puede exponer a sus amigos y familiares que quedaron en su país para que les procuren las evidencias porque los exponen al riesgo de ser reprimidos por los esbirros de la dictadura. Y los testigos, si alguno tuvo, o están presos, o están escondidos en su tierra o han salido huyendo y están en algún desconocido lugar del planeta. Luego al requirente de asilo se le dificulta contar con evidencias y testigos para probar su caso, lo que lo expone a ser penalizado con una orden de deportación y terminar devuelto a los esbirros de la dictadura.

La realidad es que cuando un pueblo emigra masivamente, la raíz del problema no está en el país receptor de los migrantes, sino en el lugar donde se origina la migración masiva, sea esta por razón de pobreza extrema, guerras, hambre, represión, catástrofe natural, etc. Por cuanto es allí, en el lugar de origen, a donde hay que enfocar medidas, esfuerzos y recursos para mitigar y resolver el mal que aqueja.

Como también las naciones libres deben diferenciar lo que es la migración por causas económicas, de aquella que arriba al país buscando refugio por razón de persecución política o religiosa o por persecución étnica. Por tanto, acorde al derecho internacional, a los pueblos que escapan de la opresión de un tirano debe dársele refugio seguro y estable. Así lo establece la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su Artículo 14 inciso 1, que establece que:  “1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.”

Los Estados Unidos se ha caracterizado por ser una nación de inmigrantes. Es un país que se formó desde sus comienzos por perseguidos, como lo fueron los primeros migrantes cuando llegaron a Norteamérica: Los pelegrinos del Mayflower en 1620. Y a lo largo de su historia, ha acogido a los perseguidos que buscan libertad. Una gran estatua a la entrada del puerto de Nueva York resalta esa tradición y vocación. Esa es una tradición de justicia que jamás debe mancillarse.

Sin embargo, tristemente estamos observando en los últimos tiempos las deportaciones personas hacia países cuyos pueblos sufren una fuerte opresión por estar regidos por crueles tiranos. Ese es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por lo que devolver deportados a los cubanos, nicaragüenses y venezolanos constituye una cooperación con los represores que viola el artículo 14 inciso 1 de la Carta de Derechos Humanos de la ONU y una seria falta a la tradición de libertad de esta gran nación.

Se trata de políticas migratorias tomadas más por el pánico causado por la masiva entrada irregular a través de la frontera de más de un millón de personas, que por el espíritu de la razón y la justicia que deben siempre tenerse en cuenta para no cometer serias injusticias.

En el caso de los nacionales de esos tres países, Washington debe rectificar su política paralizando las deportaciones y concediendo un estatus legal de protección y refugio estable y seguro a todos los cubanos, nicaragüenses y venezolanos que han arribado o arriben a los Estados Unidos, al tiempo que endurezca las medidas y sanciones contra los regímenes dictatoriales que oprimen a dichos pueblos.

Por: Lcdo. Sergio Ramos

San Juan, Puerto Rico a 18 de febrero de 2024

A raíz del alineamiento de la tiranía de Cuba a la otrora Unión Soviética en el ámbito político y militar, los Estados Unidos adoptaron medidas para tratar contener la capacidad de expansión del régimen dictatorial castrista. Fue a causa de la expropiación de empresas estadounidenses, el envió de armamentos soviéticos a la isla durante 1959, 1960 y 1961 y del emplazamiento de misiles soviéticos de largo alcance en 1962 que los Estados Unidos adopta leyes y medidas restringiendo el comercio con Cuba. Como lo fue la sección 601(a) Ley de Cooperación Internacional de 1961 y las Regulaciones al Control de Activos Cubanos de 1963.

Posteriormente en 1992 el Congreso de los Estados Unidos promulga la Ley para la Democracia en Cuba más conocida como la Ley Torricelli y el 1996 de arrecian las restricciones al promulgarse la Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, conocida como la Ley Helm-Burton, que es la que hoy día continua en vigor.

Dicha ley prohíbe la exportación de productos de Estados Unidos a Cuba salvo aquello que tienen un carácter humanitario, y previa autorización del gobierno.

Sin embargo, últimamente se ha reportado un incremento sostenido de las exportaciones de productos de los Estados Unidos a Cuba. Para el 2023 el total de exportaciones de productos de norteamericanos a Cuba fue de $400.3 millones de dólares en comparación con los años anteriores en donde para el 2022 fue de $366.0 millones, en el 2021 fueron $324.0 millones y en el 2020 fue de $161.8 millones.

Se supone que la mayoría de dichos productos vendidos a Cuba sean alimentos, productos agrícolas y medicinas, así como también ciertas ayudas humanitarias. Así observamos que las exportaciones de alimentos a Cuba en el 2023 fueron $301.7 millones de dólares, mayormente carne de pollo y productos agrícolas.

Pero a pesar de los parámetros regulados por la Ley Helm-Burton, en los últimos años Cuba ha estado recibiendo productos que no están entre los permitidos por lo dispuesto en dicha ley y están dentro de los restringidos por esta como por ejemplo autos nuevos y usados de marcas americanas. El monto total de la exportación a Cuba de autos nuevos y usados en el 2023 fue de casi $9 millones de dólares.

También se han reportados exportaciones a Cuba de lavadoras, microondas, neveras, alfombras, alimentos para mascotas, productos para manicure, etc. Estos, al igual que los autos, son productos excluidos de su exportación a Cuba según las regulaciones de la Ley Helm-Burton, lo que significa que hay una fisura en la aplicación de esta ley.

El problema radica en que, como Cuba es un estado totalitario en donde la economía está controlada por el estado, el régimen se apropia de los mismos para, en discrimen para con los cubanos de a pie, darlo mayoritariamente en beneficio de la cúpula gobernante, privando al pueblo del acceso a los mismos, o los revende exportándolos a otras naciones. Una práctica nada nueva, pues en los tiempos de la URSS, la dictadura revendía el petróleo que le donaban los soviéticos y hoy día, lo están haciendo con el petróleo que le envía Venezuela. Del mismo modo que las medicinas donadas por varios países a Cuba, el régimen se apropia de ellas o las revende en divisas al pueblo en sus tiendas.

Gran parte de las fisuras en la aplicación de la Ley Helm –Burton se deben a las inconsistencias y vaivenes que existen en la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba. Según la administración de turno así es el rigor o la lenidad con que se aplica la ley del embargo a Cuba. El resultado a la postre es la ineficiencia en su aplicación mermando el efecto pretendido por la ley beneficiando al régimen castrista y propiciando la permanencia de la tiranía.

Washington debería ser consistente en la aplicación rigurosa de la Ley Helm –Burton y arreciar los controles sobre lo que se exporta al régimen castrista, ya que una cosa son los bienes que suplen necesidades humanitarias de una población empobrecida y oprimida, como por ejemplo los alimentos y medicinas, y otra es suplir bienes que ayuden a resolver las necesidades y riquezas del régimen; porque beneficiar a las dictaduras es contribuir a la opresión de los pueblos.

Por: Lcdo. Sergio Ramos

San Juan, Puerto Rico de 14 de enero de 2024

A lo largo de sesenta y cinco años de dictadura totalitaria, hemos visto un constante deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos. Lejos de mejorar los niveles de vida de los cubanos de a pie empeoran. La causa de este persistente mal radica en la naturaleza improductiva del sistema económico estatizado. Un mal que ha sido más que comprobado alrededor del mundo en países que han seguido en modelo económico marxista-leninista.

Bajo ese sistema se desarrollas dos clases sociales que, por su hermetismo e inamovilidad social, son realmente castas sociales: La de la minoría gobernante que ostenta las riquezas sustraídas al pueblo y el poder absoluto del estado; y la mayoritaria compuesta por el esclavizado y empobrecido pueblo.

La casta gobernante mantiene un régimen de esclavitud y explotación de los trabajadores. Recientemente las Naciones Unidas, a través del Relator Especial emitió una declaración condenando al régimen dictatorial de Cuba por la esclavización del trabajo de los médicos cubanos enviados a trabajar en el extranjero en las llamadas misiones internacionalista. El informe destaca como la dictadura les roba el salario a dichos trabajadores de la salud apropiándose del  80% de sus salarios.

Dentro del país también impera un sistema de explotación y esclavización de los trabajadores, los cuales son privados de los más elementales derechos laborales, como el derecho a la libre sindicalización, el derecho a la huelga y la negociación colectiva. Es el estado totalitario, el principal y único patrono, pues aun en las empresas extrajeras que mantienen negocios en el país en sociedad con el estado cubano y/o con los altos jerarcas de la clase gobernante, es el régimen el que determina si un trabajador goza de la idoneidad política para que pueda laborar con una de esas empresas foráneas. 

Los trabajadores cubanos no pueden negociar sus salarios. Es el estado quien les impone el sueldo a los trabajadores en Cuba, los cuales se caracterizan por ser salarios de miseria.

Para el 2023 el salario mensual mínimo en Cuba es de 2,100 Pesos nacionales (CUP) lo que equivale $12.09 dólares (USD). El salario promedio mensual del país es de 22,000 CUP que equivale a $916 dólares al mes.

Pero cuando comparamos dichos salarios con el costo de vida, que hoy día se incrementa aceleradamente a causa de la crisis inflacionaria que sufre la economía cubana, vemos que el cubano de a pie necesita 32,000 CUP o sea, $1,333.33 dólares mensuales para poder a duras penas subsistir.

A ese mísero salario añádase la esclavizante imposición de los llamados “trabajos voluntarios” donde los trabajadores son presionados y obligados por las entidades sindicales controladas por el estado y el Partido Comunista a trabajar de gratis para el estado, so pena de ser reprendidos y discriminados en caso de negarse a hacerlo.

Lo más preocupante es que se calcula un fuerte aumento en esa brecha salarial entre lo que perciben de ingreso los trabajadores cubanos y lo que necesitan para subsistir, pues recién se anunció aumentos del 25% en el costo de la electricidad y del gas, mientras que el precio de los alimentos ha aumentado un 72.5% y sigue sometido a una espiral ascendente.

La alarmante situación es que alrededor de un 88% de la población vive en niveles de pobreza extrema, lo que nos lleva a concluir que el tan cacareado “paraíso del proletariado” no es más que un infierno para los ciudadanos de a pie, demostrándose una vez más el fracaso del sistema de economía centralizada por el estado que pregona el comunismo.

A ese estado de miseria en que sobreviven los trabajadores cubanos, añádase la crisis de vivienda del país donde un número significativo de edificaciones están en estado ruinoso, donde el transporte se caracteriza por su ineficiencia, y las escaseces de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad se agrava cada día mas.

Contrasta la miseria de los trabajadores, con la riqueza de los altos jerarcas del régimen. Los miembros de la minoritaria alta casta gobernante viven en lujosas mansiones otrora expropiadas (o mejor dicho robadas) a sus legítimos dueños de antaño. Tienen cuantiosas cuentas bancarias en paraísos fiscales, poseen yates de lujo de los cuales ostentan. Toda una mal habida riqueza, ilegítimamente obtenida por la corrupción gubernamental y el latrocinio del fruto del trabajo de los esclavizados trabajadores cubanos.

La explotación y esclavización de los trabajadores cubanos continuará mientras el pueblo no se sacuda el yugo opresor de modo total y radical, como lo hicieron un día los trabajadores polacos, unidos en el sindicato Solidaridad, en huelga general y rebelión contra la dictadura comunista.