Eugenio Trujillo Villegas
Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción
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“Todos los caminos conducen a Roma”, dice un antiguo refrán castellano. Haciendo una similitud, podemos afirmar que en Colombia todos los caminos conducen hacia el juicio político al presidente Petro.
Desde mayo de 2023 el abogado José Manuel Abuchaibe presentó la demanda de juicio político ante el Congreso de la República, pero hasta la fecha la Comisión de Acusaciones se niega a abrir el proceso. Esto es una evidente obstrucción a la justicia que en términos jurídicos se denomina prevaricato, que debería ser investigado por la Procuraduría en materia disciplinaria y por la Corte Suprema de Justicia en materia penal.
Aunque el juicio político no avanzó nada desde el punto de vista legal, desde la óptica de la opinión pública está disparado y sus consecuencias son imprevisibles. El presidente acaba de proferir una amenaza que no tiene antecedentes en la historia del País. Ha convocado a todas las organizaciones de izquierda, a los grupos terroristas y a sus aliados políticos a salir a las calles a protestar, tal como él mismo los convocó cuando era candidato presidencial. Ese fue el origen del paro terrorista que destruyó a Colombia entre abril y junio de 2021, con daños inmensos a la economía y a la infraestructura del País.
Ahora el presidente convoca a las mismas fuerzas destructoras, pues según él, la Fiscalía y la Procuraduría están preparando un golpe de Estado. Y a estas entidades se les sumarían las “oligarquías”, la “extrema derecha” y los empresarios, que para él son unos “asesinos”.
¡Es imposible imaginar una fantasía más absurda! Parece más bien una pesadilla producida por sobredosis de droga y licor, de las que hacen ver fantasmas, demonios y enemigos que no existen.
LOS PEORES ENEMIGOS DE PETRO SON ÉL Y SU FAMILIA
Si el presidente analizara en sano juicio el alud de calamidades que ha desatado su gobierno, se daría cuenta que quienes lo están derribando pertenecen a su círculo más íntimo, y el más peligroso de sus enemigos es él mismo. El presidente parece una loca disparando con escopeta, cuyos tiros se los da ella misma en el pie. Su esposa, Verónica Alcocer, convirtió el cargo de Primera Dama de la nación en una caricatura con feria de nombramientos, contratos, viajes, gastos y conductas indignas de su cargo, que desde siempre ha sido ocupado por damas distinguidas que reflejan dignidad y decoro.
Nicolás Petro, su hijo, fue a la Fiscalía a declarar que recibió dineros ilegales para la campaña presidencial y se quedó con ellos. Su ex esposa contó todos los detalles de la trama corrupta, y además afirmó ante la Fiscalía que el presidente Petro conocía perfectamente las gestiones que hacía su hijo.
El hermano del presidente, Juan Fernando Petro, visitaba mafiosos y terroristas en las cárceles durante la campaña, para ofrecerles indultos y beneficios. O sea, el círculo familiar del presidente es tan peligroso como un campo minado.
Pero si nos trasladamos hacia el gobierno, la situación no es diferente.
El canciller, Álvaro Leyva, fue suspendido por la Procuraduría durante tres meses por graves irregularidades en el contrato de elaboración de los pasaportes, pero ha hecho caso omiso de esa sanción. Continúa ejerciendo su cargo con la protección y el beneplácito del presidente, retando a los poderes públicos.
El ex embajador Armando Benedetti, quien denunció, en medio de una borrachera monumental, el ingreso ilegal de $15.000 millones (US 4 millones) a la campaña por cuenta del clan Torres de Barranquilla, ahora fue nombrado en otro cargo diplomático, lo cual es una burla al juicio por corrupción que se le adelanta en la Corte Suprema de Justicia.
Los bochornosos hechos en los que está involucrada Laura Sarabia, actual directora del Departamento de prosperidad social, con maletas llenas de dinero que misteriosamente desaparecieron, y que no se sabe de dónde salieron ni a quien pertenecían. Además, engañó a la justicia fabricando pruebas falsas e interceptando teléfonos ilegalmente, en hechos en los cuales murió un coronel de la policía.
Por último, para no alargar esta lista de indecencias, apareció el escándalo de los $500 millones de pesos (US $125.000) entregados en forma ilegal a la campaña por cuenta de Fecode, el sindicato marxista de los maestros.
Ese dinero salió ilegalmente de Fecode, que no puede hacer aportes a campañas políticas, lo cual compromete al presidente de esa entidad, William Velandia. Se hizo un cheque a nombre de Dagoberto Quiroga, entonces presidente del partido Colombia Humana y ahora Superintendente de servicios públicos, pues el partido no los podía recibir. Y el gerente de la campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, no lo reportó en la contabilidad que se entregó al Consejo Nacional Electoral. O sea, por donde quiera que se analice, todo el entramado pone en evidencia un fraude electoral, con pruebas irrefutables.
Además, ya está probado ante el Consejo Nacional Electoral que la campaña de Petro violó el tope de financiación de la campaña. Ante estas irregularidades, que constituyen fraude electoral, el artículo 109 de la Constitución establece la destitución de las personas elegidas, que en este caso son el presidente y la vicepresidente.
Con estos escándalos el descrédito del presidente y del gobierno suben como la espuma. Además, todos sus anuncios terminan siendo mentiras, no hacen nada para resolver situaciones de extrema gravedad, culpan de los problemas actuales a los gobiernos anteriores, y ante las catástrofes naturales de los últimos días actúan con ausencia absoluta de responsabilidad y sentido común.
¡Colombia es como un barco a la deriva! Tiene el gobierno más incompetente y absurdo de la historia, en el cual sus principales funcionarios son de una falta de gestión novelesca. Aunque produce risa, las consecuencias de semejante proceder ponen en riesgo la vida de 50 millones de colombianos.
En medio de tal desgobierno, el sistema de salud está siendo desmontado; el Ejército y la Policía son desmantelados; la inteligencia del Estado se puso en manos de los terroristas; no hay ningún plan serio de desarrollo; no se combate la corrupción, sino que se premia a los corruptos; se protege a los narcos y a los terroristas y se promueve el cultivo de coca, que ya pasó de las 300.000 hectáreas. Y la llamada paz total es una farsa que le entrega a los bandidos más de la mitad del territorio de la Nación, mientras se multiplican las masacres, los secuestros y las extorsiones.
LA MENTIRA DEL GOLPE DE ESTADO
En medio de semejante caos, el presidente sale dando alaridos, diciendo que se está ejecutando un golpe de estado. ¡Nada más fantasioso! La Fiscalía y la Procuraduría cumplen con su deber de investigar los hechos aquí enunciados. Ambas están en deuda con el País y con la historia, pues al frente de sus narices, los alcaldes anteriores se robaron las principales ciudades de Colombia, como Bogotá, Medellín y Cali. Pero esas entidades de control no han visto nada, ni han hecho nada para impedirlo.
Y con respecto a los empresarios, que son leones en el arte de hacer negocios y de producir riqueza, la realidad es que son incapaces de organizar un golpe de estado. Es más, ni siquiera tienen valor para hacer oposición. Todos están asustados y temerosos, viendo desde la distancia que el golpe de estado lo está dando el mismo presidente, tal vez con el pretexto de hacer con el Orden Constitucional exactamente lo mismo que su grupo guerrillero hizo hace 40 años con el Palacio de Justicia. Esto es: ¡incendiarlo, demolerlo y hacerlo desaparecer!
El fin es imponer la dictadura del proletariado, que en realidad es la miseria socialista, lo cual incluye todas las formas posibles de violación de los derechos humanos, incluyendo la persecución política, religiosa y económica, erradicando así la Constitución que el presidente juró defender.
Director de Edición