Eugenio Trujillo Villegas

Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción

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Las gravísimas denuncias que acaba de hacer el recién destituido embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, son propias de una novela de ficción.

Gustavo Bolívar, el entrañable amigo y socio de Petro, experto en escribir panfletos de basura donde se relatan las más escabrosas historias del bajo mundo del narcotráfico, jamás imaginó un escenario más indigno alrededor del presidente y del Gobierno de Colombia.

Por ahora, esas denuncias no están probadas. Apenas fueron lanzadas al aire en medio de una explosiva combinación de licor y cocaína, junto con un concierto de amenazas, insultos y vulgaridades, que lo sitúan en el nivel más bajo de los habitantes de la calle.

Es incomprensible que un sujeto así haya sido nuestro embajador en Venezuela, pero ese es el bajísimo nivel de nuestro cuerpo diplomático, comenzando por el canciller que lo nombró, pues casi todos los actuales embajadores de Colombia tienen un prontuario criminal abierto.

De ser ciertas las acusaciones, precipitará la destitución del presidente Petro y de la vicepresidente, por haber sido elegidos mediante un gigantesco fraude electoral.

LAS DENUNCIAS DE BENEDETTI

1.- Dice haber conseguido 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial (unos US $ 4 millones), que no aparecen en la contabilidad. ¿Quién dio ese dinero? ¿En qué se gastó? Al parecer, sería dinero aportado a la campaña presidencial de Petro por el dictador Maduro o por narcotraficantes. 

2.- Benedetti ha hecho cerca de 90 viajes entre Caracas y Bogotá en vuelos privados durante el tiempo que ha sido embajador, en los cuales al parecer trae y lleva dinero turbio entre las dos ciudades. ¿De quién es ese dinero? ¿Cuánto es ese dinero? ¿Por qué y para qué se transporta ese dinero en valijas diplomáticas?

3.- Denuncia con nombre propio a Roy Barreras, expresidente del Senado y embajador en Inglaterra, y a Alfonso Prada, ex ministro del interior y embajador en Francia, acusándolos de haber robado cuantiosas sumas de dinero.

4.- Afirma que si revela todos los secretos que conoce sobre el gobierno de Petro, todos ellos se van para la cárcel.

5.- Reconoce que es un adicto al licor y a la cocaína, pero afirma que el presidente Petro también, razón por la cual no hay impedimentos para que lo nombren ministro.

6.- Esos dineros turbios se manejaban con la secretaria del gabinete de la presidencia, Laura Sarabia. Como a esta señora le fue robada una suma muy importante de esos dineros, Sarabia falsificó testimonios de miembros de la Policía para que un juez ordenara la interceptación de los teléfonos de dos de sus empleadas del servicio doméstico, a las cuales hizo pasar como pertenecientes a peligrosas estructuras del narcotráfico.

7.- La víspera de su destitución como embajador en Venezuela, Benedetti estuvo en Miami reunido con agentes de la DEA, sin permiso del Gobierno, a los cuales al parecer les dio información relacionada con el escándalo.      

Todo esto aumenta las evidencias para hacer un juicio político al presidente. Esa denuncia ya fue radicada el pasado mes de mayo en el Congreso de la República por el prestigioso abogado Dr. José Manuel Abuchaibe. Contiene las pruebas de la violación de los topes de dinero que se podían gastar en la campaña presidencial, pero evidentemente tendrá que ser ampliada, porque las violaciones a la Constitución del presidente son demasiadas. Lo de ahora es el más grande fraude electoral realizado en la historia de Colombia.

A esa denuncia de juicio político habría que sumarle muchos delitos más. Los 3 millones de votos que salieron de la nada y que le dieron la victoria a Petro. Los pagos no declarados a unos mil testigos electorales. Y el hecho de que muchos jurados, integrantes de Fecode, votaron dos veces a favor de Petro en la elección presidencial.

Todo esto haría que la elección de Gustavo Petro y de Francia Márquez sea anulada por el Congreso de la República y ambos sean destituidos en forma inmediata. 

Además, todos los trámites para la aprobación de las reformas del Gobierno en el Congreso, constituyen una violación más de la Constitución por parte del presidente.

No se han respetado los procedimientos legales establecidos por el Congreso; se ha negado a los congresistas el derecho a conocer y a debatir los proyectos presentados; se han cambiado ilegalmente los textos de los proyectos de ley, de tal forma que los aprobados son diferentes a los usados en los debates; no se publicaron los proyectos de ley con anticipación en el Diario Oficial. Todas estas irregularidades exigen la anulación por parte de la Corte Constitucional de la Reforma Tributaria, del Plan Nacional de Desarrollo y de otras leyes ya aprobadas, y obligan a suspender el trámite de la Reforma a la Salud.  

Colombia vive una pesadilla de corrupción y desgobierno

¡Es hora de acabar con esta pesadilla que avergüenza a los colombianos! Todo lo que rodea a Petro y a sus funcionarios más cercanos es la más rampante corrupción. Ante los hechos, el Congreso de la República debe actuar con prontitud, involucrando en el proceso a las Altas Cortes, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a las Fuerzas Armadas y a todas las instituciones legítimas del País, para que cuanto antes, cese esta horrible noche en que se ha sumergido la Nación. 

Con seguridad que los organismos de investigación colombianos poco o nada ayudarán en este proceso, pues todos los días los corruptos se roban el País en sus narices, pero ellos no se dan cuenta de nada.

Es necesario acudir una vez más a quienes han descubierto y denunciado los más grandes actos de corrupción acontecidos en Colombia y en el mundo. A quienes denunciaron al expresidente Samper por recibir dineros del narcotráfico en su elección presidencial. A quienes denunciaron al Cartel de la Toga por exigir y recibir sobornos, es decir, algunos magistrados de las Altas Cortes y al Fiscal anti corrupción. Toda esa información se supo gracias a la DEA, al FBI, a la CIA y al Departamento de Estado de los EEUU.

¡Colombia exige la destitución de Petro! Y también la de todos los funcionarios incompetentes y corruptos que hoy dirigen los organismos del Estado.

Junio 8 de 2023