Por Oriana Rivas

PANAMPOST

 

El abogado y columnista colombiano Jaime Arizabaleta aseguró en entrevista con PanAm Post que detrás de la suspensión de bombardeos y de las fumigaciones con glifosato y la no extradición de criminales anunciadas por Petro, está el interés de crear "un Estado a la medida del narcotráfico".

Tres decisiones emanadas en las últimas horas desde la Casa de Nariño evidencian la necesidad del gobierno izquierdista de Gustavo Petro por dar un giro a la política de Colombia en materia de seguridad y narcotráfico, apuntando en otra dirección distinta al combate a los grupos criminales. Se trata de la no extradición de narcotraficantes que negocien con el Estado, la suspensión de las fumigaciones con glifosato y, última pero no menos importante, la prohibición de los bombardeos para supuestamente no afectar a los menores reclutados forzosamente por los grupos guerrilleros.

Es una sucesión de hechos que se conjugan en un resultado nada alentador. Por eso, para entender las implicaciones, en PanAm Post conversamos con Jaime Arizabaleta, abogado, columnista y reconocido activista político colombiano, quien asegura que si todas esas decisiones las tomara un gobierno desde «la ingenuidad y la ineptitud», la preocupación sería menor y eso permitiría ir corrigiendo los errores durante el tiempo que dure dicha gestión. Sin embargo, no es el caso.

    «Lo que estamos viendo es que detrás hay una voluntad del presidente Petro de entregarle el país a los narcotraficantes».

«LA CATEDRAL DE PETRO»

El Gobierno de Gustavo Petro no ha informado una estrategia formal de lucha contra el narcotráfico. Después de todo, puede que no la necesite. Pero sí apresuró la suspensión definitiva de la fumigación aérea con glifosato, que se intentó retomar durante la gestión de Iván Duque, con varias objeciones posteriores de la Corte Constitucional. El químico ayuda a contrarrestar los cultivos ilícitos de cocaína.

Esta decisión, junto con la no extradición de narcotraficantes si cooperan con el Estado, son las primeras señales de alarma para el futuro cercano de Colombia. Al respecto, el abogado colombiano cita similitudes con decisiones tomadas en México por el presidente Andrés Manuel López Obrador al manifestar su voluntad de proteger a las bandas criminales. Como resultado, se genera una sensación de paz ficticia.

    «Esto no es fruto de la ineptitud de Petro, ni está distraído. Él tiene la voluntad expresa de entregarle el país a los narcotraficantes. Algo muy similar se hizo en los años 90 con Pablo Escobar, quien sometió al Estado de Derecho.

    Escobar dijo que se iba a entregar a la justicia, pero bajo sus normas, y construyó una cárcel que llamó “La Catedral”, donde continuó con el narcotráfico, siguió secuestrando y amedrentando al pueblo colombiano.

    Es lo mismo que está haciendo Petro. Hoy La Catedral de Petro es hacer de Colombia un Estado a medida del narcotráfico».

BENEFICIOS PARA EL NARCOTRÁFICO

Esto lleva a pensar qué pasaría hoy con el narcotraficante Pablo Escobar si este viviera en el contexto actual colombiano, con Gustavo Petro como presidente y con todos los beneficios que anunció.

«Estaría dichoso, porque ya no tendría que traer la pasta de coca de Perú o de Bolivia. Podría tener los cultivos ilícitos desplegados de todo el territorio nacional colombiano con dos garantías fundamentales: la no aspersión aérea de glifosato porque dicen que es malo. Y la cereza en el pastel es que el Gobierno de Petro tampoco permitirá la erradicación forzada de cultivos ilícitos», agrega Arizabaleta.

Y es que otro de los anuncios del presidente es la «la erradicación voluntaria» por parte de los agricultores, algo que el experto considera totalmente utópico.

«Además de eso, Escobar tendría la garantía de que si lo capturan, él no va a tener la necesidad ni siquiera de construir ‘La Catedral’, porque Petro trajo algo que se llama ‘el perdón social’ que es la impunidad absoluta para todos los delincuentes». En resumen, el otrora máximo líder del Cartel de Medellín no sería retratado como un delincuente y narcotraficante. «Sino que seguramente lo elevarían a categoría de revolucionario y dirían que él es parte del conflicto».

«NO EXTRADICIÓN» PARA HERMANO DE PIEDAD CÓRDOBA

Si algo diferencia a Gustavo Petro de otros presidentes izquierdistas de América Latina es su formación política. No surgió de un movimiento juvenil como Gabriel Boric en Chile, o como Alberto Fernández en Argentina desde las filas del peronismo. El presidente colombiano se forjó en el movimiento guerrillero 19 de Abril, mejor conocido como M-19. «Petro no es un líder convencional, sino que es fruto del perdón social de la época», recordó el activista colombiano. Eso explicaría sus recientes decisiones.

En consonancia con ese razonamiento está el nuevo decreto que suspende las órdenes de captura y extradición a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el objetivo de promover un supuesto diálogo. A inicios de este año trascendió como este grupo terrorista junto a las FARC habían retomado el reclutamiento de niños en la frontera con Venezuela.

De manera que la relación de Petro con el narcotráfico es preocupante y un tema que sus críticos miran con atención. Esto los lleva a pensar que la promesa de «no extradición» podría ayudar convenientemente a Álvaro Fredy Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, acusado por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.

Durante su campaña, el entonces candidato del Pacto Histórico se comprometió incluso a extraditar a la propia Piedad Córdoba si se diera el caso. Así lo afirmó ante una inquietud del excandidato presidencial Federico Gutiérrez durante un debate televisivo. Pero hoy las cosas lucen diferentes. Esa promesa quedó atrás. «Petro toma esa decisión de una forma tan precipitada precisamente para beneficiar al hermano de Piedad Córdoba y para no extraditarlo. Está hecha a medida de los intereses de ambos», concluye Arizabaleta.

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ORIANA RIVAS