Luis Leonel León
Para un sistema asesino de menores de edad violentar a un periodista no significa nada.
Semanas atrás se hizo viral un video que capta al Ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, violentando a un reportero independiente que pretendía, junto a otros jóvenes descontentos, dialogar con funcionarios de la dictadura para pedir respeto a la libre expresión y la diversidad de pensamiento.
La reacción del ministro, de poca cultura, fue un nervioso gesto repulsivo que devela -incluso a quienes aún se resisten a aceptarlo- que el comunismo no es más que un violento sistema carcelario, que solamente en Cuba ha mandado a prisión a cientos de intelectuales, como el caso de Roberto Jesús Quiñones Haces, a favor de quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó recientemente una solicitud de medida cautelar, por ser un periodista víctima de amenazas, hostigamiento y persecución policial a causa de ejercer su profesión y defender la libertad de expresión.
Varios comunicadores independientes, disidentes y jóvenes artistas del grupo #27N pidieron la destitución de Alonso, pero el funcionario –de poca tolerancia– se ha mantenido dirigiendo la cultura del país. Como era de esperar.
Y es que nada de esto debe asombrarnos. No olvidemos que hablamos de un régimen que en el 2003, durante la llamada Primavera Negra de Cuba, impuso bajo la “Ley Mordaza” largas condenas a 75 disidentes, entre ellos 19 periodistas. El mismo régimen que en febrero sumó 254 ataques a la libertad de prensa y la pasada semana desencadenó una cacería contra periodistas independientes sin el más mínimo disimulo.
El régimen cubano, con la total impunidad que le caracteriza, no ha dejado de agredir a la sociedad. Y lo hace de diferentes maneras, entre ellas la criminalización de las voces discrepantes, poniéndoles delante los instrumentos que han erigido para coaccionar las libertades de expresión y prensa. Tales como el Decreto-Ley 370, a través del cual han sido sancionados periodistas independientes con sendas multas, además de sufrir arrestos e interrogatorios arbitrarios, crueles intimidaciones y otras violaciones de los derechos fundamentales del ser humano.
“La informatización de la sociedad en Cuba desempeña un papel significativo en el desarrollo político, económico y social del país y constituye un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del Socialismo y el bienestar de la población (…) siendo necesario emitir la norma jurídica que regule la informatización de la sociedad en Cuba”, plantea el Decreto-Ley 370, otro clarísimo ejemplo del totalitarismo institucionalizado en la Isla desde hace más de 60 años.
Este ataque a la libertad fue aprobado en diciembre de 2018 por el falso parlamento -dirigido por una junta militar- y comenzó a aplicarse en 2020, cuando el régimen, aprovechando el velo de la pandemia del coronavirus, lanzó otras de sus arremetidas contra la prensa independiente. Poco después fue puesto en pausa, al parecer para paliar el rechazo que causó, gracias a campañas lanzadas por activistas de derechos humanos dentro y fuera de Cuba.
El Decreto-Ley 360, que es otro eslabón de esa larga y añeja cadena con que el castrismo ha legalizado el despotismo, establece que “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas” podrá ser sancionado con una multa de 3,000 pesos cubanos y el decomiso de los medios empleados para producir el supuesto delito.
La organización Access Now, que defiende los derechos digitales de usuarios en riesgo en el mundo, denunció que el Decreto-Ley 370 “en sólo un artículo pone en riesgo derechos humanos fundamentales relacionados al uso de las tecnologías de la información y comunicación”.
El 370, popularmente conocido como “Ley Azote”, expresa el control del gobierno sobre Internet. “Lo hace a través del artículo 68 que crea contravenciones (delitos menores) asociadas a las TICs. Por su parte, el artículo 71 dispone que cometer alguno de esos ilícitos puede tener como sanción no solo la multa, sino también el decomiso de los equipos y medios utilizados, la remoción de la licencia que autoriza a la prestación de servicios de forma temporal o definitiva y la clausura de las instalaciones”, precisa el informe de Access Now.
“A pesar de ser un Decreto-Ley, los actos que encuadra como ilícitos y las consecuencias que acarrean representan una grave preocupación. Medidas de esta naturaleza ponen en riesgo derechos fundamentales y los postulados de un espacio en línea diverso, accesible, abierto y seguro. Además, cierran la puerta a una internet más abierta para los cubanos y cubanas, desaprovechando la oportunidad que puede surgir de una política más abierta en los últimos años”, agrega el informe.
La pasada semana el reportero de Palenque Visión, Yeris Curbelo Aguilera, fue multado bajo el Decreto-Ley 370 “mientras cubría la manifestación de un ciudadano que reclamaba por haber sido multado injustamente con 2.000 pesos”, lo cual denunció en su muro de Facebook: “Un policía de la PNR trató de arrebatar y robar mi teléfono de forma violenta, este me barrió los pies con su pierna derecha, arrojándome al suelo. Gracias a Dios logré poner mi teléfono a salvo al arrojárselo a un conocido”.
Durante el arresto Curbelo Aguilera sufrió lesiones, permaneció prisionero por más de 24 horas y recibió una multa de 3.000 pesos sobre la base del artículo 68, inciso i del Decreto-Ley 370, confeccionado para condenar a quienes expresen en las redes sociales opiniones en oposición al régimen.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) aseguró que “el ámbito mediático cubano es uno de los más restrictivos del mundo” y señaló que la persecución a los reporteros y sus familiares, las detenciones arbitrarias, las multas y el encarcelamiento (por el Decreto-Ley 370 y otras leyes mordazas) son realidades que enfrentan diariamente quienes ejercen el periodismo independiente en Cuba.
El Decreto Ley 370 sostiene que el control de la información por parte del régimen es un “medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo y un instrumento para la defensa política de la Revolución”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa en su artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966) establece que: 1-Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2-Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
“El Decreto-Ley 370 y el accionar del Estado cubano contraviene plenamente el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos y el artículo 19 del PIDCP, firmado por Cuba el 28 de febrero de 2008, pero que lleva largos años sin ratificar”, precisa la organización internacional Freedom House.
“Este marco, bajo el cual el Estado cubano puede sancionar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), genera un efecto inhibitorio de la libertad de expresión ejercida a través de estas herramientas y plataformas, en tanto pesa una amenaza real y permanente de sanción para las personas, prácticamente para cualquier discurso que emitan y que discrecionalmente los órganos del Estado pueden calificar como una contravención legal, y posteriormente conducir a la privación de libertad. Asimismo, esta falta de previsibilidad tiene un efecto inhibitorio o amedrentador en la dimensión colectiva de la libertad de expresión y de reunión”, asegura la organización.
En su informe Libertad en el mundo 2021 Freedom House señaló el Decreto-Ley 370, así como el 349, entre los artilugios represivos fabricados por el Estado cubano para cancelar el derecho a las libertades. En su comunicado “contra la aplicación del decreto ley 370”, basado en análisis jurídicos y de derechos humanos se enlista a casi medio centenar de organizaciones de derechos humanos y medios de prensa independientes que denuncian la violación que entraña el Decreto-Ley 370.
La organización Reporteros Sin Fronteras ha calificado a Cuba como el país con menos libertad de prensa de América, ubicándolo en el número 171, entre los 10 peores del ranking a nivel mundial en su último informe anual. Según Freedom House, Cuba es el país con menor libertad en la red de las Américas y el cuarto peor a nivel mundial.
Sigue así el castrismo en su carrera a favor del aniquilamiento de las libertades y por consiguiente del individuo, pues sin libertad el individuo es cuerpo nulo, masa resbalando en el asfalto.
Vale recalcar que hablamos del régimen que durante la última semana desató una ola de allanamientos, robos de medios de producción periodística, arrestos y amenazas arbitrarias a varios periodistas del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), quienes “literalmente aterrorizados” desistieron de continuar reportando la verdad, como les ordenó la Seguridad del Estado, o de lo contrario irían a prisión por el supuesto delito de “usurpación de funciones”, fabricado para imponer el miedo y coartar la libertad de expresión.
Esta es la verdadera cara del castrismo, génesis y regente de esta funesta franquicia llamada Socialismo del siglo XXI que tanto daño sigue haciendo en las Américas. Una dictadura que mantiene a todo un pueblo en la miseria, con presos políticos y de consciencia, capaz de asesinar a más de 40 personas, incluidos 10 menores de edad, en el hundimiento del Remolcador 13 de Marzo.
En un sistema como este un ministro de cultura o de cualquier cosa le dé un manotazo a un periodista que intenta registrar un evento: no significa nada. Es sólo otro ademán de la naturaleza vulgar y criminal del comunismo. Persistir en describirlo de otro modo nos condena a continuar atrapados en eufemismos verdaderamente suicidas. Y no tiene sentido. Los cubanos contamos con una larguísima experiencia de 6 décadas.
https://gaceta.es/opinion/la-desinformacion-de-la-sociedad-cubana-20210323-2220/