El presidente de España anuncia que está evaluando si abandona su cargo y que hará publica su decisión el próximo lunes.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decidió cancelar unos días su agenda pública para reflexionar si renuncia o no a la jefatura del Ejecutivo, tras una denuncia por corrupción contra su esposa, Begoña Gómez, y comunicará su decisión en una comparecencia pública el próximo lunes, 29 de abril.
Sánchez comunicó esta decisión en una carta a la ciudadanía, que hizo pública a través de la red social X, después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias de investigación contra Gómez por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia de la organización anticorrupción Manos Limpias.
El jefe del Ejecutivo lamentó lo que calificó como ataque "sin precedentes" contra su esposa, del que responsabilizó a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, líderes del Partido Popular (PP) y Vox, respectivamente, principales partidos de la oposición, de ser "colaboradores necesarios", y se preguntó si merece la pena seguir soportando la situación, reportó EFE.
"Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", añadió Sánchez.
Aseguró que, "a pesar de la caricatura" que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de él, nunca ha tenido apego al cargo, pero sí al deber, al compromiso político y al servicio público. Para Sánchez, la gravedad de los ataques que están sufriendo tanto él como su esposa merecen una respuesta sosegada.
Recordó que la denuncia contra Begoña Gómez ha sido presentada por la "organización ultraderechista llamada Manos Limpias" y aseguró que su esposa defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se requiera, para esclarecer "unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes".
Añadió que la denuncia se fundamenta en "supuestas informaciones de una constelación de cabeceras ultraconservadoras" y que, tras su publicación, Begoña Gómez ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que son noticias "espurias".
Lamentó también que esta estrategia "de acoso y derribo por tierra, mar y aire" lleve meses perpetrándose, y por ello no le sorprende la "sobreactuación" de los líderes del PP y Vox.
"En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios, junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias", añadió, antes de recordar que fue el propio líder del PP quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, que archivó la actuación.
Para Sánchez, después de impulsar el PP una comisión de investigación en el Senado, faltaba la judicialización del caso, y eso es lo que habría ocurrido con la denuncia. Consideró que lo que intentan es hacerle desfallecer en lo político y en lo personal atacando a su esposa.
"No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, pues ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa", subrayó.
El medio español Onda Cero anticipó que, en caso de ocurrir la renuncia, la Constitución nacional estipula un proceso claro, que comenzaría por la dimisión de todo el Gobierno. Posteriormente, el rey Felipe VI llamaría a consultas a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y propondría un candidato a la Presidencia.
En este caso, esa candidata podría ser la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también ministra de Hacienda. Pero, para ser investido, el nuevo mandatario tendrá que contar con el apoyo de la Cámara Baja.
En tanto se cumpla ese proceso, el actual Gobierno seguiría desempeñando sus tareas habituales, pero con limitaciones como, por ejemplo, que no podrá aprobar proyectos de ley nuevos ni realizar propuestas legislativas.
Asimismo, el candidato propuesto por el Rey debe someterse a una sesión de investidura ante el pleno del Congreso. Para ser investido, necesita obtener la mayoría absoluta de los votos en la primera votación, o una mayoría simple en una segunda votación.
Si el candidato no logra ser investido, se abre un plazo de dos meses, durante los cuales se pueden proponer nuevos candidatos. Si tras estos dos meses ningún candidato ha sido investido, el rey disolverá ambas cámaras y convocará a nuevas elecciones generales.
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