'Entendemos que estamos obligados por el Estatuto de Roma, pero no puedes invitar a alguien para detenerlo', dice el vicepresidente sudafricano.
Pretoria enfrenta un dilema, al ser sede de la venidera Cumbre del BRICS —asociación económica-comercial que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica—, a la que pretende asistir el mandatario ruso Vladimir Putin, sobre quien pesa una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes relacionados con la invasión de Rusia a Ucrania.
El Gobierno sudafricano le ha ofrecido a Moscú varias opciones para evitar su presencia física en el evento, ya que Pretoria es firmante del Estatuto de Roma, por lo que estaría en la obligación de arrestar a Putin.
Todas las opciones han sido rechazadas, según las declaraciones del vicepresidente sudafricano, Paul Mashatile, al medio local Mail & Guardian.
Una de las variantes sugeridas por el Gobierno de Sudáfrica era que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, acudiera al encuentro en lugar de Putin. Mashatile confirmó la insistencia de Moscú en que la delegación del país, encabezada por Putin, esté presente.
"El presidente (de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa) ha estado debatiendo con el presidente Putin y le aconsejó que delegara, preferiblemente en su ministro de Relaciones Exteriores. Los rusos no están contentos con eso, quieren que toda la delegación venga, dirigida por él. Esos debates continúan", aseguró Mashatile.
La segunda opción, explicó el vicepresidente sudafricano, era llevar a cabo el encuentro de manera virtual. "Ningún miembro del BRICS está contento con una reunión virtual. Quieren que sea física", dijo. Solo la India se habría mostrado dispuesta, según su declaración.
La otra opción barajada por el Gobierno sudafricano fue que otro de los miembros del grupo asumiera como anfitrión. China fue el país sugerido, con el argumento de que el gigante asiático debió haber acogido el encuentro durante la pandemia de Covid-19. Pero estas opciones solo llevaron a Sudáfrica de regreso a punto de partida, porque todos los aliados las vetaron.
Una fuente consultada por Mail & Guardian dijo sospechar que la negativa de la India a aceptar la última idea tenía que ver con sus crecientes tensiones con China, debido al control en las fronteras. A diferencia de Sudáfrica, ninguno de los gobiernos de los países a los que ha viajado Putin desde que la CPI emitió la orden en marzo pasado es firmante del Estatuto de Roma, por lo que no se han visto en el dilema que enfrenta el Gobierno de la nación africana.
"Entendemos que estamos obligados por el Estatuto de Roma, (pero) no puedes invitar a alguien para arrestarlo", dijo Mashatile. "Estaríamos contentos de que no viniera, pero no pensamos decirle que no lo invitábamos. Le dijimos estás invitado, pero hay esta situación".
De acuerdo al vicepresidente de Sudáfrica, las conversaciones entre Putin y Ramaphosa continúan. Pretoria espera ver un resultado antes de dos días entre los dos países, que debe comenzar en San Petersburgo el próximo 27 de julio.
Aunque el Ejecutivo sudafricano decida incumplir la obligación que implica su pertenencia al Estatuto de Roma, opositores, organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas jurídicos han manifestado su inconformidad con la presencia de Putin y amenazado con detenerlo por sus propios medios.
Por otra parte, recibir a Putin tensaría aún más las relaciones entre Sudáfrica y Occidente y Estados Unidos. La Casa Blanca incluso ha acusado a Pretoria de suministrar armas a Moscú en un carguero ruso que visitó su principal base naval, cerca de Ciudad del Cabo, en diciembre de 2022. Sudáfrica es uno de los países que se han negado a condenar la invasión rusa a Ucrania.
A mediados de marzo pasado, la CPI emitió órdenes de arresto contra Putin, y María Alekseyevna Lvova-Belova, la funcionaria rusa en el centro del presunto plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia. La orden contra Putin lo declaraba "presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa".
Y agregaba: "Los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros… y (ii) por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos".
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