Previsiblemente, la estructura hará aumentar los procesos burocráticos en la toma de decisiones dentro del sector estatal.
El pasado 5 de marzo fue publicado en la Gaceta Oficial No.24 Ordinaria el Decreto-Ley 28/2021, el cual aprueba y define una nueva estructura burocrática llamada Consejo Técnico Asesor (CTA). Esta estructura se debe articular reticularmente por todo el aparato estatal cubano, y podría abrir de manera formal las puertas a la "botella".
Según dicta la norma, la figura del CTA se aplicará a los organismos de la Administración Central del Estado, direcciones empresariales, entidades nacionales, órganos locales del Poder Popular y al resto del entramado estatal.
Los CTA apuntan a que los directivos de las "entidades" cuenten con apoyo y criterio de otras personas, de manera que puedan ser más eficientes en sus gestiones. La idea parte, al parecer, de la lógica de que dos cabezas piensan más, y mejor, que una. Con la implementación de estos consejos, se supone que terminen los caudillismos en el sector estatal y las decisiones unipersonales. Los cuadros políticos tendrán, formalmente, sus propios asesores.
Según los describe el Decreto-Ley 28/2021, los CTA serán "órganos de consulta" que emitirán "recomendaciones" relacionadas a la función de la entidad estatal a la que pertenezca cada uno. Lo llamativo es que sus miembros serán designados y dirigidos por la persona a la que deben asesorar, y que no deben ser obligatoriamente trabajadores en funciones de la entidad en la que prestarán sus servicios.
Lo anterior hace pensar en la posibilidad de que se formalice la corrupción en el sector estatal, específicamente a través de lo conocido en Cuba como "botella", que consiste en otorgar empleo a amigos o aliados que cobran una remuneración por trabajar poco o nada. Los CTA podrían ser la justificación perfecta de la que se agarren los cuadros políticos para brindar favores y tener sus propios círculos de confianza.
No obstante, hasta que se establezca un reglamento de implementación de los CTA no se sabrá si sus miembros pasarán a ser parte de la plantilla laboral ni si contarán con algún tipo de remuneración por su labor.
Los CTA no significarán una contrapartida en la toma de decisiones, no ejercerán presión ni contarán con poder real alguno. Tan solo serán intermediarios, consejeros sin garantía de ser tomados en cuenta que, en todo caso, podrían demorar la aplicación de políticas y medidas. Dicho así, esta figura hace prever un fortalecimiento del burocratismo en el Estado cubano.
Los artículos 6, 7 y 8 del Decreto Ley28/2021 dan a entender que los miembros del CTA contarán con un espacio físico en las entidades en las que laboren y que dispondrán, como mínimo, de los recursos materiales que se emplean en toda oficina. Esto iría en detrimento de la política de ahorro de recursos que supuestamente se ha impuesto como meta el Estado cubano.