Organismos internacionales condenan las maniobras del presidente de El Salvador para controlar la Justicia.
Ha sido la crónica de un anunciado golpe desde el Estado. El poder que adquirió el presidente salvadoreño Nayib Bukele, al controlar la Asamblea Legislativa tras las elecciones de dos meses atrás, se puso en práctica en la primera sesión del nuevo parlamento. Con el "bukelazo", el mandatario colocó a personas de su confianza como magistrados de la Sala Constitucional y al frente de la Fiscalía General.
En los comicios legislativos, a fines de febrero, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, alcanzó la cifra mágica de 56 escaños, con lo cual el bukelismo se hizo con mayoría calificada en el seno del órgano legislativo de El Salvador, que es unicameral.
El país centroamericano vivió una suerte de terremoto político, ya que las dos agrupaciones que fundaron el sistema democrático, tras el proceso de paz de 1992, quedaron reducidas. El conservador Arena obtuvo 14 parlamentarios, la exguerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, apenas cuatro legisladores. Otros escaños quedaron repartidos entre partidos minoritarios que han terminado plegándose al poder de Bukele.
En su sesión de instalación, Nuevas Ideas y esos partidos minoritarios aprobaron la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y se sustituyeron por jueces afines al presidente Nayib Bukele, saltándose el procedimiento constitucional. Periodistas salvadoreños resaltaron, como ejemplo de que se violaron las normas, que los diputados apenas se tomaron un receso de cinco minutos "para estudiar" las hojas de vida profesional de los nuevos magistrados, antes de designarlos.
En esa misma sesión, la Asamblea Legislativa destituyó también al fiscal general Raúl Melara, y lo sustituyó por el exfiscal de crimen organizado, Rodolfo Delgado, también simpatizante de Bukele. El presidente desplegó efectivos militares en las inmediaciones de los distintos poderes públicos en San Salvador, la capital, para frenar cualquier protesta en rechazo a estas decisiones.
"La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador inicia su período desmantelando la institucionalidad y asentando un golpe terrible a la independencia judicial, en irrespeto al debido proceso. La comunidad internacional debe responder enérgicamente", reaccionó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para América Latina.
La Sala Constitucional, en una última decisión antes de que sus magistrados fuesen destituidos, declaró inconstitucional el mecanismo de "remover sumariamente" a todos sus integrantes.
"Los gobiernos de EEUU y la Unión Europea (UE) deben respaldar urgentemente a los magistrados que están defendiendo valientemente el Estado de derecho", sostuvo por su parte José Miguel Vivanco, director de la sección de América Latina de Human Rights Watch.
Vivanco pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que, debido a que lo ocurrido en El Salvador "es una evidente alteración del orden constitucional", debería aplicarse la Carta Democrática.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó las decisiones legislativas y "las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron estas decisiones".
"Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento de la democracia", sostuvo el comunicado de la OEA. Pese a la gravedad que se reconoce en el propio comunicado de la organización no hay ningún anuncio sobre las acciones que tomaría la OEA ante lo ocurrido en El Salvador.
En el caso de la Sala de lo Constitucional, los diputados oficialistas, encabezados por Ernesto Castro y Suecy Callejas, que hasta hace apenas unas semanas eran ministros de Bukele, argumentaron que los magistrados (cinco propietarios y cuatro suplentes) emitieron el año pasado sentencias "contrarias a la Constitución".
Básicamente los magistrados cuestionaron el carácter no respetuoso de los derechos humanos de algunas decisiones de Bukele para hacer frente a la pandemia por Covid-19.
Bukele desobedeció durante 2020 varias resoluciones de la Sala, que declaró inconstitucionales una decena de decretos ejecutivos y de medidas tomadas por el Gobierno, por considerar que se excedía en sus funciones.
Melara, el fiscal general, fue destituido porque según los diputados afines a Bukele sostenía una vinculación con el partido conservador Arena. Melara abrió en noviembre pasado una investigación por corrupción contra los ministros de Hacienda y Salud, por el manejo de fondos y compras relacionadas con la pandemia.
Asimismo, el fiscal general destituido estaba investigando la negociación secreta entre el Gobierno de Bukele y pandillas criminales, incluyendo a la Mara Salvatrucha-13, revelada por el diario digital El Faro el año pasado.
El relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, el peruano Diego García Sayán, cuestionó lo ocurrido. "Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional. Todo proceso de destitución debe atender a causas específicas y previamente establecidas en la ley", aseveró García Sayán.
La respuesta de Bukele a las críticas internacionales la colocó como es habitual por Twitter. "A nuestros amigos de la comunidad internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos", aseveró y acto seguido remató: "pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia".
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