Más de la mitad de sus propios votantes creen que es culpable, indica una encuesta realizada en cuatro provincias argentinas.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se enfrenta a una petición fiscal de hasta 16 años de prisión, así como a la inhabilitación para ejercer cargos públicos, en un juicio por supuesta corrupción durante su periodo como presidenta del país (2007-2015).
El fiscal Sergio Mola abrió la novena y última audiencia de alegatos de acusación el lunes con un repaso de los detalles de la causa, donde declararon más de un centenar de testigos. Mola consideró que los acusados "trazaron un plan" que buscaba defraudar al Estado mediante "la discrecionalidad en la utilización de los fondos", reportó EFE.
El juicio, iniciado en mayo de 2019, investiga si hubo direccionamiento y sobreprecios en la adjudicación de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner.
A lo largo de las audiencias de alegatos, seguidas por los involucrados en forma remota, la Fiscalía apuntó contra Kirchner como líder de asociación ilícita y la acusó de fraude al Estado, delitos que pueden conllevar una pena de hasta 16 años de cárcel.
El Código Penal establece que quien fuera condenado por estos delitos quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos. Pero para ello, la condena debe ser refrendada por tribunales superiores.
Luego de cerrada la acusación de la Fiscalía, la defensa tiene diez días hábiles para iniciar la exposición de su descargo para los 13 acusados, lo que se estima puede demorar varios meses. Se espera que el veredicto se conozca antes de fin de año.
No obstante, Kirchner solicitó el lunes ampliar su declaración indagatoria luego de que la Fiscalía culmine la fase de alegatos.
"He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", anunció la vicepresidenta a través de su perfil de Twitter.
Cristina Fernández ya había realizado una declaración indagatoria ocho días antes de asumir como vicepresidenta, el 2 de diciembre de 2019, cuando reiteró, como ha venido haciendo con el resto de acusaciones en su contra, que el proceso respondía a una persecución judicial o "lawfare" ideada por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
La exmandataria explicó este lunes que solicitó ampliar su declaración indagatoria "ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia" en su contra del exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.
La expresidenta también justificó el pedido en que "los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas".
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en la austral provincia de Santa Cruz.
En la causa también están acusados el propio Báez, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, entre otros exfuncionarios.
El domingo, una carta pública firmada por más de medio millar de alcaldes respaldó a Kirchner, a quien consideraron "víctima de una persecución judicial". También diputados del oficialista Frente de Todos lanzaron un comunicado de respaldo a la vicepresidenta, al igual que una solicitada publicada este lunes en la prensa bajo la firma de referentes políticos y culturales.
No obstante, de acuerdo con un sondeo realizado por la Universidad de Buenos Aires en las cuatro mayores provincias del país, solo el 43% de los votantes del Frente de Todos, partido de Kirchner, cree que es inocente.
La Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires lanzó un estudio en las dos provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, entre el 8 y el 14 de agosto, que dio como resultado que el 80% la considera "culpable", el 8% "inocente" y el 12% dice "no tengo opinión", citó el diario argentino Clarín.
Lo más sobresaliente es que, entre los votantes del Frente de Todos consultados por la Facultad de Psicología, solo un 43% la considera "inocente", mientras que el 26% cree que es "culpable" y el 31% prefiere un "no tengo opinión".
https://diariodecuba.com/internacional/1661187439_41751.html